Trabajo de: www.correodelcaroni.com
Autoridades de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela realizan una gira por el oriente del país para reunirse con sus capítulos regionales en busca de consolidar el gremio y presentar sus propuestas de reforma para tres leyes con lo que consideran se puede reactivar el sector.
Una de estas leyes es la de Arrendamiento de Viviendas. El gremio considera que su reforma debe orientarse a establecer un procedimiento justo para propietarios e inquilinos, en función de fomentar el alquiler masivo de viviendas a nivel nacional y generar seguridad jurídica para que los propietarios las pongan en oferta, señaló Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
La segunda ley que proponen reformar es la Ley Contra la Estafa inmobiliaria, dirigida a regular las preventas. Orta Martínez recordó que esta restringió de manera importante la construcción de viviendas en el sector privado y por eso promueven su reforma.
En cuanto a la Ley de Deudor Hipotecario solicitan la modificación del artículo 23, a los efectos de que “se puedan constituir hipotecas y garantías en monedas diferentes a la nacional, y las partes puedan establecerlas mientras el bolívar se estabiliza y a los efectos de promover la figura de financiamiento propio. Es decir, un propietario o proveedor puede financiar la compra de un inmueble a través de pagos fraccionados, y para eso es necesario constituir una hipoteca en moneda diferente al bolívar”.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela destacó que otra de las preocupaciones del gremio es la relacionada con los aranceles de registro para la compra de inmuebles.
“Está dificultando la adquisición de propiedades por parte de los venezolanos. Recordemos que la reciente reforma de la Ley de Registros y Notarías indica que como máximo el usuario debe pagar hasta 2% del valor de la compra de la vivienda. En la realidad, algunos registros a nivel nacional están haciendo una estimación del inmueble, que cuando se lleva esa estimación al porcentaje de ley, resulta en algunos casos el 2, 15, 20 y hasta el 40% del valor del inmueble, lo que impide que muchas personas puedan adquirir o comprar una vivienda”, explicó.
“No puede ser que el impedimento para comprar una vivienda sea el pago de un servicio público. El registro público debería cubrir básicamente los gastos operativos del registro y de nómina, como habitualmente ha sido”, condenó Orta Martínez.
Expectativa de recuperación
De acuerdo con las evaluaciones del gremio, la pronunciada caída de precios que hubo desde 2008 hasta 2018 llevó al mercado a estabilizarse, y en los últimos cuatro años los precios han sido prácticamente los mismos en cuanto a la compraventa de inmuebles en todo el país.
No obstante, Orta Martínez precisó que en algunos nichos, como el alquiler de locales comerciales, sí ha habido un aumento de 20% con la reactivación del comercio en la etapa post-pandemia y la liberación de precios en algunos sectores comerciales.
“Hay una expectativa de recuperación. La mayoría de los economistas prevén que este año haya un PIB positivo, pero pensamos que falta mucho trabajo por parte del Estado en la recuperación de servicios públicos, reactivar el combustible a nivel nacional, factores del entorno a la economía para que todos los sectores se activen plenamente”, destacó.
Compras en oro
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela insiste en la adecuación del valor de los aranceles, ya que esto ha llevado a que muchas personas recurran a firmar documentos privados por la imposibilidad de pagar el arancel de registro.
Incluso, de manera informal o no oficial se ha realizado la compraventa de inmuebles en el estado Bolívar, con pagos en oro.
“Sí conocemos de algunas transacciones que se han realizado en oro, pero entre las partes, la Cámara Inmobiliaria no se ha visto involucrada con ninguno de sus afiliados ya que es una situación bastante delicada. Muchas personas corren el riesgo de hacer estas compras o trueques, bien sea por oro, casas o carro, ha existido sobre todo después de la pandemia. Hay una disyuntiva con el tema de los aranceles y la gente se arriesga a hacer transacciones privadas”, señaló Alexander Ayala, presidente de la Cámara Inmobiliaria en el estado Bolívar.
Esta dinámica salió incluso de la zona sur de Bolívar. Entre sus consecuencias están las regulaciones militares que terminan con detenciones por contrabando de oro o las extorsiones o “matraqueo”.
Ayala aprovechó para recomendar a los ciudadanos hacer negocios con los expertos afiliados a la Cámara Inmobiliaria, esto a propósito de casos de estafas, robos o malas transacciones. En Bolívar han tenido reportes trimestrales de más de 16 casos, aunque mucho de ellos se han resuelto.
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