La práctica de minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco (AMO), en Amazonas ha arrasado con 51.286 hectáreas de la región de Guayana, por culpa de 680 minas activas, mientras que en el Parque Nacional Canaima, se han registrado 59 minas operativas actualmente.
La información fue compartida por la ONG Provea donde denunciaron que hay 8.000 campamentos mineros en el Parque Nacional Yapacana, incluyendo la cima del tepuy. Ante esto, indígenas y activistas le entregaron una carta al defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, para exigirle que actúe contra la destrucción ambiental y cuide a las etnias de las zonas afectadas.
Por su parte, la Organización no gubernamental SOS Orinoco denunció que el régimen venezolano utiliza el Arco Minero como «sostenimiento económico» sin importar las consecuencias ambientales y sociales.
«La mayor parte del oro venezolano es obtenido mediante procesos de amalgamiento con mercurio, sustancia altamente tóxica para las personas y para el ambiente, pero que tiene rendimientos relativamente bajos desde el punto de vista productivo minero», explicó la organización.
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La ONG Transparencia Venezuela también ha seguido muy de cerca el tema del Arco Minero, al que califica como «un ecocidio con consecuencias incalculables y de graves vulneraciones de los derechos humanos cometidos por grupos criminales».
Además elaboró un informe en el que lo destaca como un «sistema criminal», ya que se registran masacres en los pueblos mineros; desapariciones forzadas; asesinato de líderes indígenas; explotación laboral de adultos y niños; prostitución forzada; la contaminación del agua, suelo y aire, y la proliferación de enfermedades como la malaria.
