A pesar de la creciente presión diplomática y las reiteradas exigencias de líderes internacionales, el gobierno de Nicolás Maduro continúa manteniendo en desaparición forzada a 31 presos políticos extranjeros, cuya detención es considerada arbitraria y contraria al derecho internacional.
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Donald Trump (EE.UU.), Gustavo Petro (Colombia), Javier Milei (Argentina), Giorgia Meloni (Italia), Pedro Sánchez (España) y Benjamín Netanyahu (Israel), entre otros jefes de Estado, han solicitado públicamente la liberación inmediata de sus ciudadanos detenidos ilegalmente en Venezuela.
Sin embargo, Maduro no ha dado respuesta clara sobre el paradero ni el estado de los detenidos, lo que ha profundizado las denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Acusaciones sin pruebas y juicios opacos
Desde el Palacio de Miraflores, Maduro ha rechazado los reclamos internacionales, acusando a sus críticos de participar en una supuesta «conspiración mundial» dirigida a desestabilizar su gobierno. No ha revelado la ubicación de los detenidos ni ha presentado pruebas legales que sustenten las imputaciones en su contra, pese a que algunos casos ya avanzan en procesos judiciales sin garantías mínimas.
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Los detenidos permanecen incomunicados, sin acceso a abogados de su elección ni contacto con familiares o representantes consulares, en franca violación de las convenciones internacionales firmadas por Venezuela.
Organizaciones de DD.HH. confirman las desapariciones
La organización CASLA Institute, con sede en Washington, ha documentado estos casos como parte de un patrón de persecución política y desaparición forzada. Junto con el medio internacional Infobae, realizaron un chequeo caso por caso en diversas capitales —Caracas, Bogotá, Madrid, Roma y Washington— confirmando una lista tentativa de 31 presos políticos extranjeros que permanecen desaparecidos desde fechas variadas en los últimos meses.
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CASLA ha denunciado ante organismos internacionales que estos actos configuran crímenes de lesa humanidad, por lo que ha solicitado activar mecanismos de protección internacional urgentes.
Crece el aislamiento diplomático
La negativa de Maduro a responder a los pedidos de liberación ha generado una nueva ola de tensiones diplomáticas. Estados como Estados Unidos, España e Italia han advertido sobre la posibilidad de imponer sanciones individuales a funcionarios del régimen involucrados en detenciones arbitrarias, mientras otras naciones analizan medidas similares.
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Por su parte, familiares y organizaciones no gubernamentales han lanzado campañas internacionales de visibilización y exigencia de fe de vida, apelando a instancias como la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional, para que intervengan ante el grave deterioro del Estado de derecho en Venezuela.
Un caso que marca el pulso de la comunidad internacional
La situación de estos 31 detenidos se ha convertido en un emblema de la represión transnacional en el país sudamericano, y será clave en el debate internacional sobre el papel que debe jugar la comunidad global ante regímenes que violan abiertamente los derechos fundamentales.
Mientras tanto, los familiares de los desaparecidos esperan, en medio del silencio oficial, una respuesta concreta: ¿dónde están sus seres queridos y por qué están detenidos?
La respuesta, por ahora, sigue siendo parte de la opacidad judicial y política de un régimen cada vez más cuestionado en los escenarios internacionales.
