El abogado penalista y defensor de los derechos civiles, Rafael Narváez, exparlamentario, se pronunció este lunes 23 de de manera contundente sobre la intención del Estado venezolano de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), advirtiendo que tal acción no significaría el fin de las investigaciones en curso ni la extinción de la responsabilidad por crímenes atroces.
Narváez explicó que el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, es claro: la retirada de un Estado miembro no afecta la jurisdicción de la Corte sobre crímenes cometidos antes de la fecha de retiro. «Si un Estado se retira, no se extingue automáticamente una investigación en curso contra ese Estado o sus ciudadanos», subrayó el abogado.
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El jurista hizo hincapié en que el Estado venezolano «se equivoca al intentar borrar lo ocurrido en 2017«, haciendo referencia al denominado «Plan Zamora». Según Narváez, este plan, establecido por decreto presidencial, fue la causa de «represión, detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, tratos crueles e inhumanos y degradantes con torturas y asesinatos«. Asimismo, criticó las «descalificaciones contra los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares» y el fracaso del último recurso de apelación del Estado, el cual fue desestimado por «argumentos falsos e incumplimiento de investigar y procesar a los responsables de estas atrocidades».
Para finalizar, el exparlamentario insistió en la «imposibilidad para el Estado de eludir su responsabilidad por los crímenes horrendos cometidos«. Además, Narváez señaló un «agravante por lo ocurrido después del 28 de julio de 2024 con motivo de las elecciones presidenciales, dejando un saldo de 2800 detenciones arbitrarias con cárcel sin el debido proceso, torturas y 29 fallecidos».
En un llamado final, Narváez sentenció: «Le recuerdo al Estado que las violaciones graves a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad no prescriben«.
