El dirigente político Andrés Velásquez alzó su voz este lunes para exigir la libertad inmediata del exdiputado Américo De Grazia, detenido desde agosto de 2024, y a quien considera un preso político víctima de represalias por su postura crítica al gobierno de Nicolás Maduro.
“Américo De Grazia, preso político. Próximo a cumplir un año en prisión, sin visita familiar, aislado, con salud deteriorada. No ha cometido ningún delito para estar preso. Libertad para Américo De Grazia y para todos los presos políticos”, publicó Velásquez en su cuenta en X.
La denuncia se produce en medio de crecientes preocupaciones por el estado de salud del exdiputado, quien permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, sin acceso regular a atención médica especializada.
Condiciones de salud agravadas
En mayo, su hija, María De Grazia, alertó que su padre sufre de bronquitis crónica alérgica y que su condición podría agravarse peligrosamente por la falta de atención adecuada. Según relató, desde hace semanas los funcionarios del Sebin solicitan medicamentos antigripales cuando reciben los paquetes de comida y medicinas enviados por la familia.
“Mi papá lleva tres semanas enfermo. En la última entrega recibimos dos récipes médicos que confirman el diagnóstico: bronquitis crónica alérgica. Venía saliendo del hospital cuando fue secuestrado. Desde entonces hemos pedido que lo vea un médico de confianza, pero no hemos tenido respuesta”, dijo su hija entre lágrimas.
“Por favor, no lo dejen morir”, suplicó.
De Grazia fue arrestado por funcionarios encapuchados en agosto del año pasado y está acusado de instigación al odio e incitación a la rebelión, cargos que su defensa considera infundados y de motivación política.
Sin acceso a visitas y sin respeto a medidas de protección
El exparlamentario no ha recibido visitas familiares regulares ni revisión médica externa, según denuncian sus allegados. Además, cuenta con medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no han sido acatadas por el Estado venezolano.
Organizaciones de derechos humanos han documentado el caso como parte de una estrategia sistemática de criminalización contra opositores políticos en el país.
Con esta nueva denuncia, se intensifican los llamados a la comunidad internacional para exigir el respeto a los derechos fundamentales de De Grazia, así como de los más de 900 presos políticos contabilizados actualmente en Venezuela, según el Foro Penal.
