Periodistas en al menos cinco estados del país fueron víctimas de restricciones y hostigamiento por parte de funcionarios del Plan República y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Durante la jornada electoral del 27 de julio. Registramos cuatro casos en Cojedes, Lara, Bolívar y Zulia, que afectaron directamente el derecho a la libertad de expresión y a la cobertura informativa de interés público.
Las agencias internacionales y ONG de derechos humanos reportaron que estos comicios consolidan el autoritarismo del oficialismo y reproducen patrones de represión vistos desde las elecciones presidenciales de julio de 2024 y las regionales de mayo de 2025 1.
En Cojedes (centro oeste), la periodista Pilar Guerra, acreditada por medios independientes, fue detenida en la entrada del Liceo Creación Limoncito. Un funcionario del Plan República exigió su cédula de identidad para validar su credencial, y finalmente le negó el acceso sin justificación legal 2.
En Barquisimeto, estado Lara (noroeste), una periodista de El Impulso fue obligada por un funcionario de la GNB a borrar fotos captadas en el Colegio La Salle pese a que contaba con autorización de la coordinación electoral local.
También en Lara (oeste), el Plan República impidió que periodistas de varios medios de comunicación cubrieran el sufragio del candidato a la alcaldía de Iribarren, Henri Falcón. Los efectivos permitieron el acceso solo a reporteros gráficos y camarógrafos, quienes podían ingresar a tomar fotografías y salir inmediatamente del centro de votación Gimnasio Los Horcones. El resto del equipo que esperó afuera no pudo registrar declaraciones ni realizar su trabajo completamente.
En Puerto Ordaz, estado Bolívar (sureste), el periodista Félix Requena, de Los Tubazos.com, y Edwin Rosal, corresponsal del diario Correo del Caroní, fueron hostigados mientras cubrían el voto de un candidato en el Colegio Nazareth. Miembros de mesa les impidieron documentar el acto, los grabaron y fotografiaron, y los acusaron de saboteadores
En Nueva Esparta, a un periodista le impidieron grabar tomas afuera del centro de votación Unidad Educativa Colegio Madre de Guadalupe, ubicado en el municipio Maneiro. Un efectivo militar le señaló que debía pedir permiso para poder hacer registro audiovisual y, además, le fotografió la cédula de identidad y la acreditación del CNE. Ante esta situación, el reportero decidió retirarse del sitio.
En otros estados como Aragua y Zulia se presentaron múltiples casos de periodistas acreditados impedidos de ingresar a centros de votación, supervisados por militares o integrantes de mesa electoral sin respaldo legal.
Estos incidentes evidencian un patrón generalizado de obstrucción institucional, censura y vigilancia selectiva hacia periodistas en una jornada electoral que debe ser pública y transparente. La limitación sistemática del acceso a la prensa socava el derecho ciudadano a estar informado y distorsiona la confianza en los procesos electorales.
El incrementado control durante los momentos críticos del voto, especialmente cuando votaban figuras opositoras, muestra el uso de la intimidación como mecanismo para condicionar la narrativa pública y desincentivar la supervisión independiente.
