Un exhorto al Gobierno de Curazao para que respete los derechos de las personas migrantes tras una orden de la Corte Conjunta de Justicia (CCJ), envió la Organización Latinoamericana de Capellanes y Defensores de Derechos Humanos (Orgalatin).
El pasado 30 de julio, la CCJ, con jurisdicción en Aruba, Curazao y San Martín pertenecientes al Reino de los Países Bajos, declaró ilegales las detenciones a personas migrantes indocumentadas que ingresan a esas naciones del Caribe.
La abogada Coromoto Ramos, activista de Orgalatin, calificó el fallo del máximo tribunal como un avance histórico que obliga a Curazao y a las naciones de los Países Bajos del Caribe a cumplir con los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Explicó que la sentencia se fundamenta sobre el derecho a la libertad, en atención a lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“El tribunal dejó claro que la práctica habitual y automática de detenciones a personas migrantes no puede ser nunca la norma, incluso de entradas irregulares al país”, precisó la abogada, citando parte de la decisión judicial.
Ramos dijo que el fallo llega después de varios años de denuncias presentadas por Amnistía Internacional sobre violaciones a los derechos humanos, principalmente contra migrantes venezolanos, víctimas por detenciones arbitrarias, tratos crueles y negativas de asilo.
Refirió que en un comunicado, la organización Amnistía Internacional hizo un llamado de atención al Gobierno de Curazao para que cumpla con el fallo del Tribunal de Justicia.
“Orgalatin pide a todos los organismos del mundo hacer respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos venezolanos que huyen de su patria”.
Cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor, la mayoría (6,7 millones) reside en Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador, según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).
“Nadie quiere dejar la nación donde están sus raíces, pero migrar no le da derecho a ningún país para incumplir con los tratados internacionales de derechos humanos”, expresó la abogada.
Ramos declaró que Orgalatin ve con beneplácito el fallo de la Corte Conjunta de Justicia de hacer respetar los derechos humanos de las personas migrantes y en especial de los ciudadanos venezolanos.
La Corte Conjunta de Justicia es un tribunal supremo unificado con jurisdicción sobre seis islas del Caribe que forman parte del Reino de los Países Bajos: Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, San Eustaquio y Saba.
