El CNE y la legitimidad

Venezuela sufre un agudo deterioro político.
El rechazo a los resultados electorales del 14 de abril por la mayoría de los venezolanos y su impugnación ante el TSJ por Henrique Capriles para manifestar la disconformidad con el proceso ocasiona intranquilidad e inseguridad en la sociedad venezolana y en el ánimo de las personas, tanto en lo que se refiere a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, como a la credibilidad del conjunto de las instituciones públicas de la República que regulan la lucha por el poder político y su ejercicio. Viene al caso agregar que la nación continúa inmersa en una crisis económica, con muchos problemas sociales y conflictos que tienden a agravarse.
Hay dudas muy razonables sobre el sistema electoral venezolano, si bien garantiza que el voto es secreto, el registro electoral y los cuadernos de votación no dan garantía de confiabilidad y transparencia a los derechos de participación política.
Lo confirman las encuestas realizadas de opinión pública: para 70% de las personas encuestadas el CNE no cumple con el principio de imparcialidad, equidad e igualdad, pues al negar la auditoría electoral en todas sus fases como lo exige una elección presidencial tan cerrada como la del 14 de abril, donde el organismo en pleno no sólo optó por colocar fatalmente en manos del oficialismo la voluntad popular y la suerte de los comicios, y con ella la suerte misma de la Republica, sino que, tanto o así, puso fin a la poca credibilidad del gobierno, pues si bien se ha proclamado como presidente a una persona que no fuera el candidato más votado, y tal elección sin ninguna duda sería legal, indudablemente no sería legítima. A millones de venezolanos no les extraña que eso haya ocurrido, un valor en el que convergen la “necesidad de creer” de la sociedad y “la necesidad de hacer creer” del gobierno, sea objeto de presiones, cuando abiertamente cuatro de los rectores del CNE son personas premunidas del respaldo oficial.
No hay duda alguna de que la sociedad hoy está más politizada. Se ha desarrollado, mucho más, la conciencia política de la gente ante sus propios problemas. Observa tras las cortinas como en nuestra Venezuela no existe la cultura del diálogo y la negociación política sino más bien una cultura del conflicto.
Percibe que no hay respeto de los poderes públicos hacia el país, que las instituciones no pueden funcionar eficazmente. Que no hay respeto a las discrepancias, a la tolerancia de las ideas ajenas y en la disposición para encontrar la parte de verdad que pudieran tener. Abundan los ejemplos de la lucha intransigente por parte del ejecutivo y legislativo con la oposición.