El abogado, exparlamentario nacional y activista de Derechos Humanos, Rafael Narváez, exigió respeto al debido proceso en todas las causas que se siguen derivadas de las protestas callejeras de los últimos cuatro meses, resaltando que “los retardos en los actos conclusivos, responsabilidad del Ministerio Público, sólo contribuyen con la impunidad en detrimento de la justicia”.
“Al recorrer Venezuela nos encontramos varios casos, como por ejemplo el de Adriana Urquiola, quien ayer cumplió tres meses de su muerte. Hay un ciudadano confeso de su muerte, pero a pesar de ello no se ha logrado su captura”, dijo.
También se refirió a la agresión sufrida por Marvinia Jiménez, en el estado Carabobo, “donde la responsable es una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana que tiene orden de captura, pero todavía no han podido detenerla”.
“También en Valencia ocurrió la muerte de Génesis Carmona, hecho que cuatro meses después aún no tiene responsables”.
El jurista acompañó en la Plaza de la Justicia a los estudiantes que exigen la liberación de los cinco ciudadanos que permanecen privados de libertad luego de las últimas protestas. “Estamos planteando que el Ministerio Público responda, que de verdad se dedique a investigar los delitos, pues de lo contrario se alimenta una impunidad que no beneficia a nadie”.
Detalló que en todo el país se han registrado más de 3 mil detenciones, con 2 mil personas bajo presentación y 257 casos denunciados de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados presuntamente por integrantes de la fuerza pública.
“Hay 333 funcionarios de la GNB implicados en este tipo de maltratos contra civiles detenidos, lo cual representa una grave conducta que el comandante de este componente castrense debe corregir”. “Existen suficientes pruebas fotográficas y en video que yo tengo en mis manos y podemos someter a cualquier experticia para determinar su fiabilidad, del comportamiento excesivo de los órganos del orden público contra manifestantes pacíficos”, resaltó.
Consultado sobre la actuación de los organismos internacionales con respecto al conflicto venezolano, Narváez recordó que “desde el año 2000 el Estado se ha opuesto a que cualquier comisión de Derechos Humanos visite el país. Además, se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Sin embargo, apuntó que “lo ideal es que nuestras instituciones funcionen y el Poder Judicial actúe con independencia y efectividad, a fin de superar nuestros conflictos entre venezolanos”.
