Con el fin de promover el castigo a los autores «materiales e intelectuales» de los «sucesos violentos» de 2014 y 2013, este lunes instalaron el Comité de Víctimas de la Guarimba y Golpe Continuado, en la ciudad Caracas.
La organización se definió como una asociación de víctimas directas e indirectas, con el propósito de «dar a conocer al país nuestras historias, todo lo que hemos sufrido callados porque ningún medio de comunicación se ha pronunciado en relación con la muerte de nuestros familiares», expresó Nairobi Oliveros, vocera principal.
En el grupo hay varios efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes sostienen haber sido afectados (o sus familiares) por la acción de «la derecha» durante el combate a las protestas ciudadanas contra el gobierno nacional, ocurridas desde febrero de este año en todo el territorio nacional.
Miembros del Comité aseguran que «acudirán a todos los organismos nacionales e internacionales para denunciar los actos terroristas efectuados por la derecha venezolana”.
Luis Durán, integrante del movimiento señaló al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, como uno de los autores «intelectuales». “Su esposa Lilian Tintori pide por sus derechos humanos (…) ¿Quién ve por los derechos humanos de nosotros y las vidas que fueron perdidas?”, expresó.
Cabe recordar, 40 es la cifra oficial de víctimas mortales relacionadas con las protestas callejeras que comenzaron el 12 de febrero de 2014 en Caracas. En esta jornada murieron los jóvenes Bassil Da Costa, a manos de funcionarios del Sebin que dispararon a manifestantes; Roberto Redman, a manos de un motorizado que no ha sido identificado oficialmente; y el colectivo Juan Montoya, presuntamente a manos otro funcionario de seguridad del Estado actualmente procesado.
En los meses siguientes se produjeron más muertes. La mayoría son manifestantes anti gobierno, pero también hubo ocho uniformados, algunas víctimas de riñas generadas por la colocación de barricadas, y víctimas fortuitas, como el motorizado que murió al ser interceptado por un alambre colocado en la vía pública.
Un balance ofrecido por la fiscal general de la República al final de marzo, cuando ya se habían registrado 37 muertes, reveló que las víctimas relacionadas con el oficialismo habían recibido mayor celeridad en sus investigaciones, ya que de los únicos seis casos de homicidio en los que había personas acusadas entonces, cinco de las víctimas eran uniformados o militantes del PSUV, incluyendo dos en grado de tentativa.
