Cuatro meses de agitación política en Venezuela culminaron con una semana de tensión incrementada ante la instalación de la poderosa Asamblea Constituyente, que el presidente Nicolás Maduro prometió que traería paz al país, pero sigue sembrando discordia.
Sospechas sobre la participación electoral oficial del Consejo Nacional Electoral para los comicios de la asamblea, alcanzaron su punto más álgido a media semana, cuando el director general de la compañía de tecnología electoral Smartmatic, anunció que “sin lugar a duda” se manipularon las cifras.
Agentes de inteligencia también sacaron de su casa a mitad de la noche a dos de los prisioneros políticos más reconocidos de Venezuela, para trasladarlos a una prisión militar por supuestamente violar los términos de su arresto domiciliario, pero fueron devueltos a sus viviendas días después.
La Asamblea Constituyente entró en funciones a final de la semana en medio de una extensa condena internacional. Sus delegados no tardaron en empezar a trabajar. En cuestión de 24 horas, votaron para retirar del cargo a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, una abierta detractora de Maduro.
Líderes de la Asamblea Nacional, bajo control de la oposición, prometieron que el Congreso se mantendrá en funciones incluso si la Asamblea Constituyente intenta retirarlos del poder, lo que eleva la posibilidad de un mayor conflicto con los leales a Maduro.
Para cerrar la semana, un grupo antigubernamental ingresó la mañana del domingo a una base militar, robó armas e intercambió disparos con los soldados durante tres horas. Dos de ellos murieron, uno más resultó herido y otros siete arrestados. Diez hombres lograron escapar, afirmó Maduro.
En un video, un grupo de hombres vinculados al ataque indicó que intentan “reestablecer el orden constitucional”. Maduro prometió que pagarán con la “pena máxima”.
