El hilo de la madeja de la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht parece no tener fin. La exfiscal venezolana Luisa Ortega abrió otro frente con las denuncias contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios por los supuestos sobornos recibidos de esa empresa.
Ortega, huída de Venezuela, denunció en Brasil que solo Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del régimen que sustenta a Maduro, habría recibido 100 millones de dólares y aseguró tener pruebas contra sobornos millonarios al presidente.
En unos años de bonanza en América Latina, propicia para construir infraestructuras, y al amparo de la diplomacia de la obra pública promovida por el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2010), Odebrecht encontró un caldo de cultivo favorable para corromper y ganar contratos.
Una capacidad que parece no tener límites. En América Latina y África habría repartido más de 3.000 millones de dólares debajo de la mesa para adjudicarse proyectos o corromper a presidentes, funcionarios o financiar campañas políticas, según las confesiones hechas por 77 ejecutivos de la firma en un acuerdo de colaboración alcanzado con la justicia brasileña.
Es difícil saber si el escándalo tocó fondo. «No tenemos todavía una dimensión absoluta de la extensión de esos tentáculos. Existen algunos nichos que en Brasil todavía no han sido investigados y que es necesario investigar», dijo la procuradora Silvana Batini a la AFP por teléfono. Uno de ellos es el papel del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), potenciado por Lula tras llegar al poder en 2003 para apoyar a las grandes empresas de infraestructura brasileñas.
La diplomacia empresarial
«El BNDES tuvo un papel decisivo en la política económica en los gobiernos del Partido de los Trabajadores, porque fue uno de los grandes vehículos escogidos para transferencias de dinero para la realización de la política de protección de empresarios, de los grandes campeones», dijo Batini.
Muchas de esas empresas, como la cárnica JBS o la constructora Odebrecht, entre otras, «crecieron a costa del BNDES y hoy sabemos que crecieron de forma criminal y crecieron pagando partidas ilícitas a los políticos», destacó.
Las investigaciones de Odebrecht llevaron el año pasado al BNDES a suspender el pago de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.
