Codevida difundió este lunes un comunicado en el que insisten en la necesidad de acelerar la puesta en práctica de un método de trabajo para la implementación imperativa y urgente de los mecanismos concretos de asistencia y cooperación internacional al alcance del Estado venezolano como miembro de las Naciones Unidas, el cual fue presentado a las dos partes en proceso de negociación, gobierno y oposición, el pasado 2 de diciembre, en nombre de miles de personas afectadas y de organizaciones de la sociedad civil independientes.
“Reiteramos la existencia de una emergencia en Venezuela que se caracteriza por una afectación masiva y de graves daños a la salud y al estado nutricional de la población venezolana, con un ritmo acelerado de extensión y velocidad que pone en inminente peligro las vidas y la integridad física y mental de millones de personas en breve tiempo, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad debido a una escasez prolongada de medicinas, insumos médicos y alimentos, la incapacidad de los servicios de salud para prestar una atención mínima adecuada y el acentuado deterioro de las condiciones económicas. Su carácter humanitario no radica en los supuestos principales del derecho humanitario internacional ni proviene de políticas extranjeras injerencistas. Las circunstancias humanitarias también se encuentran previstas en el derecho internacional de los derechos humanos y existen los mecanismos para que puedan ser atendidas por el Estado venezolano con el apoyo de las Naciones Unidas”, señala el documento.
Asimismo, destaca Codevida que ante la referida emergencia insisten en proceder a la rápida conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario, integrado por funcionarios del Estado venezolano, responsables de agencias de las Naciones Unidas, especialistas de las áreas de salud y atención alimentaria y organizaciones de la sociedad civil independientes, para la implementación inmediata de los mecanismos concretos que ofrecen los organismos de asistencia y cooperación internacional antes mencionados, no habiendo ningún tipo de impedimento para que el Estado acceda a su uso. «Sus autoridades son directa e individualmente responsables de los daños causados a las personas si se rehúsan a ello”, concluyen.
