Diputados de la comisión especial encargada de investigar los hechos acaecidos en el Centro Penitenciario de Centroccidente (Uribana), se reunieron ayer con más de 30 familiares de los internos que fueron asesinados, heridos y los trasladados.
La sede de la Defensoría del Pueblo de Barquisimeto fue el escenario para iniciar esta indagación. Alrededor de 50 mujeres esperaban en las afueras para dar a conocer su punto de vista.
El diputado opositor Oscar Ronderos, aseguró que las entrevistas se darán con carácter de confiabilidad. “La reunión es sólo entre un legislador y el familiar, no hay nadie más. Si algo se informa pone en riesgo nuestra inmunidad parlamentaria”.
Por su parte, el presidente de la comisión, Andrés Eloy Méndez, informó que el día de inicio recabaron seis testimonios. Han consignado hasta ahora pruebas hemerográficas y otras personales. “Lo importante es que la gente sienta confianza y garantía que su testimonio tendrá valor para el acto conclusivo. Pretendemos escucharlos a todos”.
Estiman que hoy sábado culmine esta fase de la investigación para luego trasladarse al estado Yaracuy. “Esperamos no sólo visitar el Internado Judicial de San Felipe sino también ir hasta otros centros penitenciarios donde se encuentren reclusos que estaba en Uribana”.
Mientras la vocera del Comité de Víctimas, Nayibe López, indicó que durante el primer día “no querían dejar pasar a los pastores evangélicos, sólo entró uno y le dijeron que no hablara mucho, que más adelante sería su turno”.
Explicó que como comité tienen su propio informe el cual entregaran en su debido momento. “Lo que sí queremos es que el primer investigado sea Nelson Bracca. También tenemos un informe donde pedimos se tome en cuenta el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se vaya a nombrar al nuevo director”. De igual manera esperan su opinión sea de peso para tal decisión.
Se pudo conocer que les pidieron un censo a los familiares afectados, de la cantidad de menores de edad que quedaron huérfanos a fin de indemnizarlos.
Por otra parte, a las 7 de la noche de este viernes se iban a apostar en las afueras de la Catedral de Barquisimeto, los autobuses que llevarían a las personas hasta los diferentes centros penitenciarios donde se encuentran sus familiares. Tendrán en cuenta los listados que se encontraban en las afueras de Uribana.
Obligados a trabajar
y estudiar
Esta comisión de parlamentarios integrada por opositores y oficialistas trabaja fuertemente en la creación del nuevo Código Orgánico que regirá en las cárceles, el cual no se actualiza desde la década de los 70. En total serán 200 artículos.
“Los privados estarán obligados a trabajar y a estudiar. El pago por sus 8 horas de labor será un aporte social el cual será depositado a los familiares. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios garantizará trabajos en carpinterías, panaderías, en el área mecánica, agroindustrial, entre otros”.
Como parte de los estímulos a quienes tengan mejor comportamiento, se les dará beneficios y estudiará la posibilidad de visita de los hijos y más. “Como hemos tenido problemas con llamadas desde los centros penitenciarios, habrá un solo teléfono público al servicio del Ministerio”.
En este sentido, será obligatoria la requisa para las autoridades. No se permitirá el contacto de los funcionarios de la Guardia Nacional con los internos, igualmente se prohibirá el paso de los fiscales con celulares y se dividirán los centros.
De igual forma el nuevo Código contendrá un régimen sancionatorio especial para quienes incumplan, el cual comprende hasta siete días de detención en un sitio determinado. “Esto ha sido estudiado por siquiatras por lo cual esa es la cantidad máxima para no violar sus derechos humanos”.
Tampoco se permitirá el acceso de un área a otra (por ejemplo, del anexo femenino al masculino). Esta acción será castigada de acuerdo al grado de la falta.
Cero vacaciones
judiciales
Andrés Eloy Méndez fue enfático en cuanto al tema del retardo procesal penal. “Desde Lara hago un exhorto nacional a los jueces a que eliminen las vacaciones judiciales y a trabajar los sábados y domingos hasta que no tengamos retardos procesales”.
Así mismo hizo hincapié en la creación de las casas municipales de justicia donde se atenderían casos con penas menores a 8 años (70% de los casos en el país), acción que disminuiría el retardo procesal penal.
