Amnistía Internacional y Fedecámaras critican decreto para afrontar escasez

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Amnistía Internacional y el mayor grupo empresarial de Venezuela criticaron el jueves un decreto del gobierno que le da potestad para obligar a empleados públicos y privados a prestar servicios en el sector agroalimentario, una medida que según las autoridades ayudaría a enfrentar la escasez de productos en el país.

La organización internacional instó a las autoridades a pedir de manera urgente ayuda humanitaria para hacer frente a la crisis que agobia al país suramericano, en lugar de emitir ese tipo de decretos.

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Amnistía señaló que el obligar a los empleados a trabajar en tareas de agricultura como forma de luchar contra la crisis alimentaria equivale a «trabajo forzado».

«El nuevo decreto es completamente inútil en cuanto a encontrar formas para queVenezuela pueda salir de la crisis en la que ha estado sumergida por años», afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de la organización, citada en el comunicado.

FEDECAMARAS, La mayor organización empresarial del país, también objetó el decreto y planteó que la regulación generará mayores complicaciones en la economía venezolana que está agobiada por una desbordada inflación, severos problemas de escasez y una fuerte recesión que se teme podría agravarse este año por el deterioro de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos por exportaciones de Venezuela.

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«El gobierno nacional nuevamente anuncia un decreto en materia laboral de forma inconsulta y de forma impuesta, que tiene complicaciones», dijo el presidente de FEDECAMARAS, Francisco Martínez, a la emisora local Unión Radio.

El gobierno publicó esta semana en la Gaceta Oficial, un decreto del Ministerio Social del Trabajo que establece un régimen especial transitorio de carácter obligatorio para las empresas públicas y privadas en el que se fija un «mecanismo de inserción temporal» para los trabajadores con el objeto de fortalecer la producción.

Los empleados afectados por el decreto deberán prestar servicios en las entidades de trabajo por un lapso de dos meses, prorrogable un período similar, señala el decreto.

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