Desde el puente
Hay que ponerle punto final a las especulaciones sobre el supuesto o real fraude en la pasada elección presidencial. No se trata de radicalismos de izquierda o de derecha, ni de concepciones diabólicas o angelicales por parte de opinadotes del campo opositor y mucho menos de posiciones a favor o en contra de eso que llaman la “vieja política”. Lo que pretendemos es que se establezca la verdad de lo ocurrido mediante el análisis y discusión de los factores determinantes de lo sucedido. Sin descalificaciones previas, sin cálculos personales o de grupo a futuro y desprovistos de cualquier sentimiento de revancha como consecuencia del sectarismo excluyente de algunos sectores en la campaña electoral.
Claro que hubo fraude, continuado, similar al de elecciones anteriores pero perfeccionado por la mayor especialización del sistema automatizado y lo relativo a la estructura del CNE, así como el mayor y mejor uso y abuso del poder económico y político concentrado en manos del candidato oficialista y administrado en dirección contraria a la Constitución. Los mandos militares lamentablemente son cómplices del abuso de poder más descarado de la historia contemporánea. Las denuncias se multiplican y los casos están a la vista. Si la elección no fue justa, ni limpia, si el ventajismo, el peculado de uso y la malversación de fondos no tuvieron límites ¿cómo se puede llamar eso? Fraude pura y simplemente. Sin embargo, el régimen es tan malo y su candidato tan fatigoso que hasta tuvimos un ligero crecimiento en la votación opositora, pero insuficiente para iniciar el cambio que ahora Venezuela necesita más que antes del 7 de octubre. El Comando Venezuela, la MUD y hasta el equipo más cercano a Capriles deberían promover la discusión interna que urgentemente reclaman los venezolanos para el establecimiento de la verdad y afrontar la dura realidad que se nos viene encima con las elecciones de gobernadores y legisladores estadales en diciembre.
Paralelamente hay que profundizar la lucha por la liberación de los presos políticos y el retorno de los exilados. Ya basta de criminalizar penalmente a inocentes para justificar atropellos a la libertad de expresión o para desviar hacia terceros responsabilidades sobre crímenes de estado. Sin justicia independiente y apegada al Derecho no hay democracia, por más elecciones que se hagan.
