La Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela rechaza rotundamente los hechos ocurridos el día viernes 25 de enero de 2013 en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, conocido como Uribana, que dejó un saldo fatal de 58 muertes, según cifras oficiales y más de 120 heridos.
Al formular tal declaración la Comisión en el estado Lara, cuya coordinadora es la abogada Genésis Fernández, hizo varios planteamientos:
-Exigen la no repetición de la práctica de la toma militar del Centro Penitenciario, para lo cual se vuelve imperante la creación de un cuerpo netamente civil para la seguridad interna del penal, además cumpliendo con el estándar internacional que establece que por cada diez reclusos debe haber un custodio.
-Hacen un llamado al Estado para que resarza los daños a los familiares, personas humildes y trabajadoras que además de enfrentarse al dolor ante la pérdida de sus hijos, sobrinos, nietos, sufrieron la incertidumbre de no contar con los recursos necesarios para cubrir los gastos funerarios y/o los traslados de los cuerpos a cada una de sus ciudades de origen.
-Pide al Estado venezolano deponer las actitudes políticas, respetar los derechos humanos y establecer una mesa de diálogo entre la ministro de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, y el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, para discutir sobre la política carcelaria, ya que es un problema de todos.
Es de destacar que desde el día en que ocurrieron los hechos, la Comisión de Derechos Humanos ha venido documentando el caso y conversando con los familiares de las víctimas, con el fin de crear el Comité de Víctimas y Familiares de la Cárcel de Uribana, para lograr la reconstrucción de los hechos y evitar la impunidad en este caso que enluta a tantas familias.
Por otra parte, rechaza la Comisión los señalamientos que atribuyen a los medios de comunicación responsabilidades por el horror vivido el 25 de enero en la cárcel de Uribana. Recuerda que hechos de violencia se vienen suscitando desde hace muchos años en el mencionado centro penitenciario, por lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en resolución del 2 de febrero de 2007, requirió al Estado venezolano aplicar las medidas provisionales necesarias y efectivas para evitar pérdida de vidas y daños a la integridad física, síquica y moral de las personas.
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