Se agudiza la crisis en calabozos del cuerpo de Policía de Lara, con el hacinamiento de 516 personas detenidas, informaron en rueda de prensa el director general sectorial de Seguridad y Orden Público, coronel José Orángel Contreras y el director del Cuerpo de Policía de Lara, comisionado agregado Luís Rodríguez.
De los 516 privados de libertad, hay 231 en la Comandancia General de la FAP y 285 detenidos en los diferentes centros de coordinación policial, dijo el comisionado Luís Rodríguez, quien agregó que de los 516 detenidos existen 471 procesados y 45 reos que ya fueron penados.
Aclaró, que hay 13 penados que están en los centros de coordinación policial y 32 en la Comandancia General de la Policía.
Más adelante explicó, que en pabellón 1 de la Policía, hay 63 detenidos, de los cuales hay 59 procesados y 4 penados; en el pabellón 2, hay 26 detenidos, entre los cuales hay 21 procesados y 5 penados; en el pabellón 4, 35 detenidos, con 30 procesados y 5 penados; en el pabellón 5, hay 76 detenidos, 72 procesados y 4 penados.
Informó, que los centros de coordinación policial son espacios que no tienen las mínimas condiciones para que permanezcan allí personas detenidas, ya que los mismos no cuentan con baños, por ser espacios muy pequeños.
Continuó explicando, que el grupo de personas detenidas se encuentran distribuidas en los centros de coordinación policial, de la siguiente manera: en Barrio Unión 29 detenidos, en Juan de Villegas I, 50 detenidos, en Juan de Villegas II, 13 detenidos, en Fundalara, 27 detenidos, en el Centro de Coordinación Metropolitano, 13 detenidos, en el sector Norte I parroquia Cují, 20 detenidos y en Tamaca, 4 detenidos. Todo esto corresponde al municipio Iribarren.
Al referirse a los municipios foráneos, señaló que en Palavecino hay 25 detenidos, Simón Planas, 2 detenidos; Andrés Eloy Blanco, 2 detenidos; Morán 21 detenidos, Torres 27 detenidos, Urdaneta 5 detenidos, Crespo 6 detenidos y en Jiménez 18 personas detenidas.
Se han enviado oficios a todas las instancias pertinentes entre ellas a la Fiscalía Superior, Circuito Judicial Penal, Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Servicio Penitenciario entre otros, planteando la referida situación y hasta el momento la Gobernación de Lara, no ha obtenido respuesta alguna en torno a la grave situación que se presenta en la Comandancia de Policía,
“En condiciones normales los presos son enviados y recibidos en los diversos centros penitenciarios “, aseguró Rodríguez, quien advirtió que la permanencia de los detenidos en el cuerpo de policía, no debiera pasar más de 72 horas, lo cual, sucedía anteriormente, acotó.
De igual forma, dijo que la gravedad de la situación con los 516 personas detenidas, da origen a que se merma la capacidad operativa de la FAP, por cuanto, se tienen cumpliendo funciones de resguardo de detenidos a más de mil agentes que podrían estar en la calle prestando seguridad al colectivo larense.
Por su parte, el director de Seguridad y Orden Público José Orángel Contreras, también informó que se adelantan reuniones con la comisión de seguridad del Consejo Legislativo de Lara, dándose a conocer la situación planteada dado que la Policía y los centros de coordinación no están acondicionados para albergar a esa gran cantidad de detenidos, esperando en las próximas reuniones obtener excelentes resultados y definir la problemática de los privados de libertad.
“Vamos a garantizar seguridad al colectivo larense y para ello, venimos dialogando con todos los cuerpos e instituciones de seguridad del estado Lara, para trabajar mancomunadamente en pro de la gente”, dijo Orángel Contreras.
Finalmente el abogado Pablo Espinal, asesor de la Gobernación de Lara, aseguró que de acuerdo a la ley las personas que penadas o condenadas estén en la sede de la Policía o en comisarías o centros policiales, debido a que estos reos por están en condición de penados deben ser supervisados o vigilados, para los efectos de otorgarles algún beneficio.
Sentenció, que no es competencia de la Gobernación de Lara, ni de la Policía tener, supervisar o resguardar a los penados, como tampoco es obligación del ejecutivo Regional cargar con la reclusión de procesados, acotó.
