La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo en su «lista negra» a Venezuela, Cuba y Honduras, por serias violaciones a los derechos humanos, en su informe anual presentado este martes, que por primera vez en más de una década excluyó a Colombia.
La Comisión, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), mantuvo a los tres países en el Capítulo IV de su informe, dedicado a aquellos países donde existen situaciones que afectan «seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales».
Colombia, cuyo prolongado conflicto interno genera situaciones que preocupan a la CIDH, había sido incluida en ese apartado desde el 2000, pero este año fue retirada, luego de que aceptara una visita de la Comisión a fines del año pasado para evaluar de primera mano la realidad del país.
En 2012, la situación en Venezuela -incluida en la «lista negra» desde 2002- siguió siendo precaria, según la CIDH, por la «fragilidad» y «falta de independencia» del poder judicial, el «uso abusivo» del derecho penal y ataques contra defensores de derechos humanos.
La Comisión tomó nota de «agresiones reportadas contra medios y periodistas en Venezuela, así como por la falta de investigaciones y sanciones a los responsables», dentro de un contexto de restricciones a la libertad de expresión.
Al contrario de lo que ocurrió el año pasado, cuando Caracas no dio respuesta, en esta ocasión sí envió observaciones al borrador del informe anual, se congratuló la CIDH, que reiteró su «disposición al diálogo» con el gobierno venezolano, que la acusa de ser parcial en su contra.
Venezuela le niega desde 2002 el permiso a la CIDH para que envíe una misión, alegando que reconoció el breve gobierno de facto durante el golpe de Estado de abril de ese año contra el presidente Hugo Chávez, lo que es refutado por la Comisión.
La situación en Cuba, donde por décadas ha habido «una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos», no varió en 2012, según la CIDH, que denunció restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y falta de elecciones, entre otros.
En cuanto a Honduras, la CIDH observó «asuntos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación», que se volvieron más complejos desde el golpe de Estado de junio de 2009, cuyas repercusiones aún se sienten.
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