El asesinato de un funcionario de la Policía Nacional, perpetrado por un peligroso delincuente que el pasado sábado había recobrado la libertad, tras ser beneficiado con el Plan Cayapa, llevado a cabo en Barquisimeto por la ministro para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ha causado una penosa impresión en los cuerpos policiales y preocupación en la colectividad porque hay más de seiscientos sujetos que también podrían quedar libres porque se encuentran hacinados en los calabozos de la Policía de Lara.
-¿Este Plan podría realmente resolver un problema, si los antisociales son dejados en libertad tras un somero análisis hecho por un grupo de profesionales al servicio del Ejecutivo Nacional? -se le preguntó al reconocido abogado en la especialidad del Derecho Penal, Dr. Ramón Pérez Linárez, ex juez en el estado Lara.
-Todos esos operativos son el reflejo de la improvisación judicial, porque prácticas de esa naturaleza no solucionan ninguna de las situaciones planteadas en el ámbito penal. El problema del retardo judicial, que es existente, real y no puede ser ocultado, sigue sin solución.
El régimen penitenciario está marchando muy mal. Es un engaño a lo que nos tiene sometidos la ministro penitenciaria cuando dice que ha sido solventado el problema de las cárceles, que ya no existen pranes, que se ha acabado la violencia en las cárceles. Pero, la realidad que vemos es distinta, porque cada vez se registra más violencia en los penales, hay más pranes y menos dominio por parte del Estado.
Por otra parte, existe una serie de retardos procesales, audiencias preliminares que deben ser efectuadas, a lo máximo, en sesenta días y transcurren uno y dos años sin que se lleven a cabo.
Todos los juicios se retrasan, afirma el Dr. Pérez Linárez. Los paralizan continuamente y, por lo tanto, no se efectúan como debe ser.
Entonces, se pretende componer la situación a través de la denominada operación Cayapa, que no es más que la demostración de la improvisación, pues, apresuradamente se trata de solventar asuntos que debieran resolverse por la vía ordinaria, normal, y se ataca el ejercicio privado de los abogados, como si éstos fueran los causantes del problema.
Por otra parte, no se reconoce que hay un retardo procesal de muchos años; pero, indudablemente, no hay voluntad para resolver la situación, sino engañar y crear falsas esperanzas. Los propios familiares de los presos saben el deterioro de las instituciones judiciales y penitenciarias.
