País vs. país

Parece incompatible el enunciado de este artículo, ya que si pensamos en un país como una nación, región o territorio, donde convive un mismo pueblo regido por un mismo gobierno, ¿cómo es posible que un país esté enfrentado consigo mismo?; sin embargo, la realidad  demuestra  que el país manejado por el gobierno es distinto al país que queremos tener la mayoría de los venezolanos.
Existen muchas contradicciones en la administración de los poderes públicos en una misma área geográfica, por ejemplo en el Poder Ejecutivo, manipulado por el presidente de la república, el vicepresidente y su gabinete, las decisiones tomadas en la administración de nuestro recurso natural lejos de favorecer al conglomerado, tienen al pueblo atrapado en la penumbra del desabastecimiento; parece descabellado, entonces, que con tanta tierra por cultivar en Venezuela tengamos que cambiar nuestro petróleo por alimentos agrícolas. En el Poder Legislativo conformado por la Asamblea Nacional, en el que se hacen, corrigen y derogan  las leyes, la Democracia Participativa brilla por su ausencia, ya que la mayoría de diputados afectos al oficialismo satisfacen los caprichos de un régimen totalitario cuyo fin persigue consolidar una  única ideología. En lo que respecta al Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia no castiga la corrupción e impunidad, lo cual trae como consecuencia un desequilibrio entre los valores éticos y morales, generando de esta manera la pérdida de confianza en los diferentes organismos encargados de velar por nuestra seguridad jurídica, social, económica.
A partir del año 1999 en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se consolidan el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. El primero regido por el Consejo Moral Republicano, conformado por sus órganos: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, los cuales deberían velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos, sancionar los hechos que atenten contra la ética pública, la moral administrativa y promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, aspectos que son violentados diariamente en nuestro país. En el segundo,  manejado por el Consejo Nacional Electoral, organismo en  el que la mayoría de sus representantes pertenecen al partido del gobierno, la reglamentación de las leyes electorales, la organización y su administración, están parcializadas con las directrices del gobierno. Si recordamos que los poderes públicos son instituciones por medio de las cuales el estado debe ejercer las funciones de control de la nación y que dichos poderes tienen su base jurídica en el derecho que el pueblo le confiere, esto significa que el soberano tiene  la potestad de exigir un buen manejo de estos poderes y la facultad de evitar que nuevamente sean dirigidos por una sola persona.