Un gobierno democrático, constitucional, está sujeto estrictamente al cumplimiento de los postulados, principios y normas que establece la respectiva Constitución. Y asimismo debe ser originariamente democrático; es decir, electo transparentemente por el pueblo mediante comicios libres, universales, directos y secretos. Cualquiera de estos requisitos que se deje de cumplir, es salirse del cauce constitucional.
En lo que respecta a nuestro gobierno venezolano, sobran las razones para pensar que, progresivamente, está abandonando el camino de la constitucionalidad. Todo parece indicar que lo único que preserva, y hoy con razonables dudas, es su origen. De allí el empeño de la clase política que está al frente del poder, de ganar elecciones a cualquier precio. El Presupuesto Nacional está íntegramente dedicado a “ganar elecciones”.
Más allá de su origen constitucional, o aparentemente constitucional, el desempeño gubernamental poco a poco ha dejado de ser democrático; esto es si entendemos y admitimos que todo cuanto se hace fuera del marco de la Constitución es, de hecho y de derecho, inconstitucional.
Veamos algunos ejemplos de inconstitucionalidad, tan repetidos y comunes que ya a nadie parece sorprender. Sólo cuatro o cinco de los quince, veinte o más arbitrariedades que se cometen minuto a minuto:
1.- Un Estado Mayor por encima de los ministerios. ¿Y para qué se nombra un ministro?
2.- Gobierno cívico–militar. ¿Dónde aparece esta figura en la Carta Magna?
3.- Eliminación del Estado Descentralizado. ¿Quién lo autorizó?
4.- Las milicias. Incluso como componente militar. ¿Qué pauta la Constitución, en este caso?
Estas cuatro muestras únicamente como abrebocas, de las prédicas y prácticas que van dejando atrás el gobierno constitucional y, simultáneamente, arraigando un gobierno de facto. ¿Quieren más? Estamos dispuestos a ser entrevistados al respecto. Este es el primero de varios artículos en los cuales profundizaremos el tema y la incontrastable realidad de facto que vive Venezuela
¿Gobierno de facto? (I)
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