Fiscales estatales de Brasil presentaron cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en una investigación por lavado de dinero, lo que arroja una sombra de duda sobre quien fuera una de las figuras políticas más destacadas de Brasil, ahora perseguido por acusaciones de corrupción.
Los cargos presentados por la fiscalía de Sao Paulo parten de acusaciones de que el ex mandatario ocultó la supuesta propiedad de un penthouse al frente de la playa en la ciudad de Guaruja.
El jueves, en conferencia de prensa, el fiscal Cassio Conserino comentó que era claro que el departamento de tres pisos, en el cual se centra el caso, era para la familia de Lula.
Lula ha negado ser el dueño a la sombra del penthouse, que pertenece a la constructora OAS. La empresa es uno de los grandes objetivos de una investigación federal paralela sobre corrupción que se centra en la petrolera estatal Petrobras.
La semana pasada, Lula fue detenido para que rindiera declaración y la policía allanó su casa como parte del proceso.
Los cargos presentados el miércoles contra el ex mandatario tienen que ser aprobados ahora por un juez. El fiscal Conserino agregó que no tiene idea de qué sucederá, lo que indica que la siguiente determinación en el caso podría tomar tiempo.
En un comunicado, el otrora inmensamente popular expresidente, dijo que los investigadores «no son imparciales» y que no tienen autoridad para llevar a cabo las pesquisas.
«Los cargos presentados por la oficina del fiscal general de Sao Paulo no son una novedad porque ya fueron anunciados en la revista Veja el 22 de enero de 2016», dijo Lula en un comunicado.
El pasado viernes, investigadores federales dijeron que estaban intentando averiguar si las mejoras realizadas al penthouse de Garuja y otro proyecto de construcción en una casa de campo, utilizada por Lula y su familia, constituían favores realizados a cambio de beneficios políticos.
Ambos lugares fueron sometidos a importantes remodelaciones pagadas por empresas constructoras que durante décadas tuvieron contratos con el gobierno federal. Las empresas están también en el centro del escándalo de Petrobras que asciende a los 2.000 millones de dólares.
Lula admite haber visitado el departamento en dos ocasiones, pero dijo que nunca que fuera de su propiedad, y sostiene que la casa de campo pertenece a unos amigos que se la dejan utilizar.
Los investigadores federales buscan determinar también si Lula vendió su influencia en el actual gobierno a cambio de ofrecer discursos y donaciones al Instituto Lula, su organización sin ánimo de lucro.
Jair Jaloreto, un experto en lavado de dinero de Sao Paulo, dijo que el caso del ático que motivó los cargos presentados el miércoles es «muy confuso».
«Veo más riesgo para Lula en las investigaciones sobre la casa de campo. Si no ofreció los discursos por los que cobró, eso también podría ser lavado de dinero. Pero el caso del departamento es difícil. Nunca lo utilizó, no hay documentos que digan eso. Será difícil que los investigadores lo demuestren», explicó.
