Aunque todavía el Consejo Nacional Electoral no ha anunciado la convocatoria a elecciones regionales de gobernadores y diputados a los Consejos Legislativos, las mismas deben ser realizadas antes de concluir el presente año, porque el período de los cuatro años de los 23 gobernadores y de los 230 legisladores se vence el 16 de diciembre.
Es de suponerse que ya para entonces ha debido haberse efectuado el referéndum revocatorio al mandato presidencial de Nicolás Maduro, cuyos trámites han sido dilatados por el CNE, ya que apenas se ha cumplido el primero con la validación del uno por ciento de las firmas, que resultó en el 2 por ciento y ha debido ser mayor si se hubiera validado a través de las captahuellas más de un millón de rúbricas, para la solicitud de ese proceso constitucional y electoral.
Ahora falta reunir el 20 por ciento de firmas para continuar el enmarañado proceso, al cual le han inventado requisitos que no figuran en la resolución del propio CNE para la realización de los referendos.
Cuando ya faltan menos de cinco meses para que se terminen los períodos de los mandatarios y diputados regionales, el tiempo está arrollando al CNE, que parece imperturbable hasta el momento.
Este hecho obliga a que en la primera quincena de ese mes se lleven a efecto los comicios regionales y para entonces deben estar listos los centros de votación en los 335 municipios del país.
Existe una gran expectativa sobre ambos eventos, porque salvo el comportamiento del único hombre del quinteto rectoral, las autoridades del organismo electoral, encabezadas por Tibisay Lucena, le están haciendo el juego al Ejecutivo nacional y al Partido Socialista Unido de Venezuela, o lo que es lo mismo al oficialismo, para que no se lleve a cabo la consulta referendaria este año y desde luego no contarse en una medición de gobernadores y diputados regionales frente a la alternativa democrática.
Las encuestas indican que el oficialismo está ya derrotado en forma aplastante, afirma el Dr. José Gregorio Zaá, quien es un experto en materia electoral, a la que se ha dedicado durante muchos años.
La hegemonía militar
Desde el punto de vista constitucional, la República venezolana se establece como un gobierno de civiles. Pero a raíz del sesgo castrochavista-madurista se ha cambiado el sentido por la hegemonía militarista en la responsabilidad de las instituciones más importantes en Venezuela En consecuencia, cada día ha sido mayor el influjo castrense no sólo en lo que tiene que ver con el tren ministerial sino en institutos, empresas y, en general, en todo el aparataje gubernamental. Incluso, se llegó a la barrabasada de crear las Regiones de Desarrollo Regional (Redis) y las Zonas de Desarrollo Integral (Zodis), que son estructuras militares, presididas naturalmente por oficiales, para tener un control directo de regiones y locaciones desde el aspecto territorial.
Al hacer tal consideración, Zaá observa que el año pasado, al perder el oficialismo las elecciones parlamentarias, el presidente Nicolás Maduro públicamente dio la orden a los militares de que regresaran a sus cuarteles.
Sin embargo, vemos que no hizo cumplir esa decisión, sino que ahora tenemos al ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, compartiendo con él, en su condición de jefe del Gobierno, la particular función de tener a su mando a todos los ministros y demás funcionarios del Ejecutivo nacional, para que le rindan cuentas en todo lo concerniente a las tareas de alimentación, farmacia e industria del país.
En lo que respecta a la división político territorial, de las 23 gobernaciones existentes, once de ellas están en manos militares. Y aunque Lara es uno de los tres estados donde la oposición logró ganar las elecciones de gobernadores, no podemos olvidar que su titular, el abogado Henri Falcón Fuentes, también conserva su experiencia de militar.
Un fracaso como mandatarios
Si evaluamos las ejecutorias de esos mandatarios militares, electos como abanderados del partido oficialista y por ende representantes del pensamiento castrocomunista chavista-madurista, salen aplazados con una nota que los califica de deficientes y, desde luego, no tienen derecho a reparación.
Si tuvieron problemas para gerenciar teniendo los recursos a manos llenas suministradas por el Ejecutivo nacional cuando el barril del petróleo alcanzó sus máximos niveles de precio, además de no haber obstáculos para llevar adelante planes de obras y servicios que no pudieron ejecutar, ahora que el Gobierno nacional no haya cómo hacer para conseguir dólares, indudablemente, que es inútil que vuelvan a la administración pública.
Hay un detalle muy significativo que explica la nula capacidad gerencial que tienen esos militares, subraya el Dr. Zaá, quien es además docente universitario. En la Academia Militar no hay ninguna materia, cátedra o diplomado que tenga relación con la administración pública. En consecuencia, ellos no están formados para la gerencia y administración de recursos en las entidades regionales.
Salvo la experiencia de administrar cantinas en los círculos militares, ellos no tienen preparación alguna para imbuirse en la complicada dinámica de la administración pública. El hoy extinto presidente Hugo Chávez fue precisamente administrador de una cantina en uno de esos círculos militares y pensó que podría administrar el Estado venezolano, como si se tratara de un negocio de su propiedad. Nos dejó el peor desastre jamás visto en el mundo y cuyas consecuencias son padecidas por la inmensa mayoría de la población venezolana, que apenas puede subsistir en estos momentos.
Lo más grave es que estos funcionarios, en la administración pública, no se rodean de profesionales eficientes que podrían colaborar en la gestión; porque, acostumbrados a los cuarteles, tienen y tratan a sus subalternos como individuos sin ningún tipo de iniciativas. A su alrededor están otros militares o lo peor del oficialismo no formada, ni capacitada.
Somera relación
En este sentido podríamos hacer un balance de las actuaciones de estos militares escogidos por Chávez para que llevaran a cabo su política en las entidades federales.
Apure ha tenido como primera autoridad regional a Ramón Carrizales, exvicepresidente de la República y exministro de la Defensa, de Infraestructura y de Vivienda. Sustituyó a Jesús Aguilarte, que renunció al cargo. En esa entidad, la delincuencia está desbordada por la actuación de peligrosas bandas armadas. Su economía está en el suelo. En ese estado se creó el Distrito del Alto Apure por razones de soberanía en la jurisdicción, pero es todo lo contrario, porque es un refugio de narcoguerrilleros colombianos. Lo forman los municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos, muy deprimidos económicamente. Por cierto, su alcalde es Jorge Rodríguez, padre del general Miguel Rodríguez Torres, uno de los cabecillas del golpe del 4 de febrero del 92, exministro del Interior
Bolívar tiene como gobernador a Francisco Rangel Gómez, de quien se recuerda todos los días que ante la falta de alimentos invitó a la población a comer “piedras fritas” . Este estado tiene una dramática situación. El emporio industrial de Venezuela con las empresas básicas más importantes, cuya principal es la Corporación Venezolana de Guayana, con Sidor, Venalum, Minerven, Carbonorca y otras, fue desmantelado.
Carabobo después de ser una de las regiones con mayor desarrollo, en los últimos años se ha estancado. El gobernador Francisco Ameliach, quien fue impuesto por Chávez en asamblea pública a pesar del rechazo de los propios chavistas, sustituyó al general Luis Acosta Carlez. En estos tres períodos constitucionales ha involucionado ese estado, que tenía uno de los puertos más importantes, Puerto Cabello, donde ya no atracan los barcos con mercancías y productos como consecuencia de la crisis.
Guárico es gobernado por Ramón Rodríguez Chacín muy vinculado con la FARC y como negociante de esa organización terrotista, casi como embajador plenipotenciario ante los altos mandos de la guerrilla colombiana y encargado de negociar la liberación de ciudadanos secuestrados.
Táchira ha sido noticia en todo el mundo en el curso de las últimas semanas, porque la población ha desbordado la frontera para atravesar los puentes que conducen a Cúcuta para adquirir productos de primera necesidad ante la falta de alimentos que vive ese estado, gobernado por Vielma Mora. Esa es una entidad bravía. El germen de la protesta tuvo lugar en esa jurisdicción en el 2014 cuando los jóvenes, en la celebración del Día de la Juventud, se lanzaron a la calle al igual que ahora lo hicieron las mujeres vestidas de blanco que desesperadas decidieron irse al otro lado de la frontera para comprar comida y medicinas. Comenzó en Táchira la profundización de la persecución contra la disidencia, hace dos años, con la detención de Daniel Ceballos y de importantes líderes. La gestión del gobernante está a la vista por la demostración de la hambruna, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. Su responsabilidad es mayor porque él fue de la idea del cierre de la frontera.
Vargas fue el comienzo del padecimiento de Venezuela con el deslave de diciembre de 1999, del cual no se ha podido recuperar por la inercia del Gobierno. En esa tragedia hubo miles de muertos, muchos miles más de damnificados que todavía no han podido sobrellevar sus penurias y aún perduran las secuelas ocasionadas por la naturaleza. Su gobernador Jorge Luis García Carneiro fue rescatado hace unas semanas cuando estuvo a punto de ahogarse en el acidente de un yate, mientras la población lo criticó porque él se daba la buena vida y la gente pasa hambre.
Zulia tiene como mandatario a la estafa más grande desde el punto de vista político, ya que en la megaelección de julio del 2000 en una jugada combinada con Chávez, a quien comparó con una gallina siendo su compadre, se burló de la oposición venezolana. Uno de los emporios más importantes de hidrocarburos de Latinoamerica y de gas, es hoy un estado deplorable. Por esa entidad comenzó la expropiación de fincas, que se tradujo en arrebatos por parte del Instituto de Tierras y el Ministerio de Agricultura. El saqueo ocasionó parte de la falta de alimentos porque se dejó de producir carne y leche en ese territorio. Además, penetró el ELN y el paramilitarismo que han traído mayor violencia en la región zuliana.
Yaracuy también fue alcanzado por los militares. Aún cuando en los primeros años de su primera gestión, Julio César León Heredia trató de extender el mandato de Eduardo Lapi, se desgastó y sacó a relucir su condición castrense. Desmanteló institutos importantes como el Vialidad, Tránsito y Transporte. En el vecino estado se acabó con la cañicultura y hoy ya no queda casi cultivo para producir azúcar.
En definitiva, dice el Dr. José Gregorio Zaá, los militares no han sabido ser gobernadores. Pero, tampoco los civiles que tuvieron la suerte de ser escogidos en las elecciones porque el modelo político y económico del régimen lo que ha traído es calamidad, desesperación y una inflación indetenible que ha sumido a la población en la mayor pobreza y en una gigantesca hambruna, que el Gobierno inútilmente trata de desconocer porque está a la vista del mundo.
Esta situación, dice el Dr. Zaá, que ha originado preocupación al Papa Francisco y a la comunidad europea así como en diversos parlamentos, pero que martiriza a Venezuela profundamente, es la que reclama el referédum revocatorio y las elecciones regionales en forma inmediata.
