En su balance final durante el 2018, el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV-Lara), puntualizó que de los 1.091 delitos registrados en la entidad, en ninguno hubo sentencia, solo uno que llegó a tribunales y en el 60.1% hubo detención preventiva.
En el informe anual se detalla que la impunidad en la región se mantiene y “quienes son detenidos sufren una condena inhumana que se aleja de la posibilidad de institucionalizar el castigo.”
También la ONG resalta que los principales centros de reclusión policial, administrados por la Gobernación del estado Lara, existen conteiner donde mantienen detenidos a personas que cumplen condenas sin ninguna sentencia.
“La violencia carcelaria aumentó un punto porcentual en relación al año pasado, terminó siendo el 3.8% del total de los registros procesados. Además de las riñas dentro de las cárceles, fue característica la violencia institucional generada por la carencia de productos para la alimentación diaria. Enero inició con protestas en distintos centros, debido a la falta de alimentos, hubo motines que fueron contrarrestados de manera violenta por las autoridades. Las protestas por las malas condiciones se dieron en centros como David Viloria, el centro Fénix – en el ala de hombres y en la de mujeres-, y el centro socioeducativo Pablo Herrera Campins. Los casos de desnutrición, hacinamiento, y enfermedades por condiciones de insalubridad son constantes en la red de instituciones de tipo carcelaria”, describe la institución no gubernamental.
