La decisión del Gobierno de Trinidad y Tobago de deportar a un grupo de niños venezolanos, es violatoria de los derechos humanos, lo que va a pesar mucho en el futuro de las relaciones, cuando Venezuela retorne a un estatus democrático, con ambos países.
El pronunciamiento lo hace el abogado internacionalista y profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Emilio Figueredo, quien advierte que esta no es la actitud que se suele hacer con los países, señalando que también hay que revisar la situación del otro lado, «¿qué ha hecho el régimen para proteger a esos niños? ¿Qué protesta ha hecho el régimen ante una actitud que es violatoria de la más elemental norma humanitaria?».
Se recuerda que el Canciller Arreaza, cada vez que se produce una acción que afecta en forma directa o indirecta al régimen, inmediatamente se pronuncia y emiten un comunicado, mientras que en esta oportunidad han mantenido un silencio absoluto.
“No ha habido ninguna reacción que yo sepa, a menos que lo hayan hecho subrepticiamente, pero por qué no lo hacen, porque ellos necesitan los recursos económicos que le provienen de la extracción de nuestro gas y nuestro petróleo que está extrayendo Trinidad, que aparentemente tienen mejor capacidad hoy de la menguada capacidad, cada vez peor, de Pdvsa. Creo que esto es condenable en cuanto a Trinidad, pero también es condenable en cuanto al régimen, porque para cualquier gobierno, una de sus responsabilidades principales, es la protección de sus ciudadanos y estos niños son venezolanos, entonces como es posible que haya tanta indiferencia frente a situaciones humanitarias como esta, pero esta es una característica que estamos viendo cada vez más y es simplemente que no les importa en lo absoluto, la situación de los venezolanos, los venezolanos no somos ciudadanos para ellos, sino súbditos y que ellos puedan hacer, casi como en la edad media, lo que le de la gana con ellos, es tan obvia esta actitud indiferente, negligente o como la quieran llamar, pero ahora tenemos una situación absolutamente caótica, en el mes de diciembre no habrá restricción, en el mes de enero si, lo que quiere decir que en el mes de noviembre el virus se va de vacaciones”, señala Figueredo.
Advierte que, de acuerdo con su criterio, este escándalo va a repercutir y va a ser una pésima imagen para el Gobierno de Trinidad y Tobago.
“En condiciones naturales, el gobierno venezolano no solo debería elevar una protesta, sino incluso retirar su embajador por un acto lesivo a la soberanía nacional, explicada en sus habitantes, yo creo que cada quien tiene derecho a admitir a quien quiera en su territorio, pero ninguno tiene derecho a violar de esa manera tan flagrante, los derechos humanos”, señala el especialista.
Advierte Figueredo que si tuviésemos en Venezuela un gobierno democrático, un gobierno responsable, las acciones deberían ser tomadas por el gobierno venezolano, pero el gobierno venezolano calla, el régimen calla, porque no les conviene.
“Creo que la voz de protesta, no solo debe ser elevada contra el gobierno de Trinidad y Tobago, sino que también debe ser elevada frente al régimen que no ha hecho absolutamente nada para proteger a sus ciudadanos, creo también va a causar, no solo internamente en Venezuela, a nivel internacional, donde se preguntarán ¿es que acaso aquí no existe un gobierno en Venezuela? ¿Aquí no existe alguien que pueda proteger a sus ciudadanos? Y simplemente ese problema no es de él, de manera que esto es escandaloso en los dos lados, tanto en el Gobierno de Trinidad, porque ha actuado de manera violatoria de toda consideración de los derechos humanos de los menores y del otro lado, es igualmente condenatorio, el silencio del gobierno del régimen”, afirmó Figueredo en el circuito FM Center.
