Trabajo de: www.runrun.es
La ONG Defiende Venezuela retrató las irregularidades que encontró en las investigaciones que realiza el Estado venezolano sobre las muertes en las protestas antigubernamentales de 2017.
A través de su Programa Transforma, la organización elaboró un informe a través del cual proporciona un análisis detallado sobre el uso excesivo de la fuerza letal por parte de los organismos de seguridad del Estado en la vigilancia de las reuniones pacíficas.
El texto titulado “Patrones e irregularidades en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas en Venezuela”, revela la participación de grupos civiles o “colectivos” involucrados en estos hechos y la omisión por parte del sistema de justicia en investigar a fondo estas situaciones.
Según señala la organización, lo anterior se identificó gracias al testimonio de familiares y el análisis de los casos de Daniel Quéliz, Yoinier Peña, Miguel Castillo, Diego Arellano, Augusto Puga, Manuel Sosa, Neomar Lander Fabián Urbina, Roberto Durán, Yaneth Ángulo, Leonardo González y Eduardo Orozco.
Todos los mencionados fueron víctimas de «graves violaciones a los derechos humanos» durante las protestas ocurridas en el país en 2017.
La organización resaltó las investigaciones penales deficientes, protocolos de autopsia insuficientes desde la perspectiva del Protocolo de Minnesota; y la inexistencia de investigaciones que pudieran determinar la posible responsabilidad penal de los superiores.
Investigación a medias
En su informe, Defiende Venezuela señala cómo los organismos del Estado, en «complicidad» con el ente responsable de la investigación penal, niegan a los familiares y sus representantes jurídicos el acceso a los expedientes que contienen la “información” sobre los casos de las víctimas.
Lo anterior, añadió la ONG, genera una omisión o poca transparencia de la información, un retardo procesal y un vacío legal que a su vez genera impunidad.
Asimismo, las víctimas indirectas también deben lidiar con maltratos, intimidación y amenazas por parte de los cuerpos policiales que buscan amedrentar para tergiversar la opinión de los mismos testigos.
Según la organización, quedó en evidencia cómo el Estado ha impulsado «estrategias poco sutiles y desconsideradas, en las que de manera informal, se les ha ofrecido irrisorias sumas de dinero a las víctimas, con el fin de lograr su silencio».
No existe la intención de investigar
En este informe, Defiende Venezuela concluyó que el Estado «no está realmente investigando los actos atroces cometidos por sus mismos funcionarios». En este sentido, algunas de las apreciaciones finales fueron:
- En los 12 casos documentados por la ONG, no existió, a nivel interno, la intención de investigar o averiguar si hubo responsabilidad penal de los superiores por los eventos ocurridos de manera sistemática y generalizada.
- En la mayoría de los casos, hubo intentos por parte del Estado de criminalizar a las víctimas, atribuyéndoles “conductas indebidas o delictivas” con el fin de justificar sus asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, y de tergiversar las evidencias de interés criminalístico. Las fuerzas de seguridad y los órganos de investigación actuaron con desapego al ordenamiento jurídico doméstico e internacional, fomentando la impunidad en todos los casos documentados; esto ha generado desconfianza por parte de las víctimas indirectas, pues muestra la inexistencia de un sistema de administración de justicia, adecuado, eficiente, independiente e imparcial, que responda ante las violaciones de derechos humanos.
- No hubo intención por parte del sistema de justicia en esclarecer la verdad de los hechos e individualizar a los auténticos responsables de los asesinatos de los casos, ello en razón de que no se practicaron diligencias de investigación necesarias para establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas.
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