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La coordinadora de investigación de Provea, Lissette González, alertó el pasado 8 de noviembre, en el marco del 188 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que 87 sindicalistas han sido detenidos por defender sus derechos en Venezuela durante 10 años del gobierno de Nicolás Maduro.
Durante su intervención, González indicó que en el 2022 se registraron 344 casos de amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales, que incluyeron actos de hostigamiento, persecución, amenazas de despido y encarcelamiento.
La coordinadora detalló que uno de los casos más representativos fue el de los seis líderes sindicales y luchadores sociales Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Emilio Negrín Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez, que fueron detenidos arbitrariamente y sentenciados el pasado mes de agosto a 16 años de prisión.
«Este patrón de persecución a líderes sindicales se ha mantenido durante 2023, las protestas sindicales en Bolívar por los bajos salarios, los reiterados incumplimientos de los contratos colectivos han generado fuertes reacciones oficiales que buscan controlar estas manifestaciones», denunció González.
La coordinadora de Provea agregó que luego de cinco días de protestas por la situación salarial, seis trabajadores de Sidor fueron detenidos, quienes fueron imputados por instigación al odio y “liberados” con medidas cautelares de presentación.
El 6 de junio, luego de seis días de protestas nuevamente en Sidor, fueron detenidos otros tres dirigentes sindicales que lideraban esa movilización, Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera, este último liberado el 11 de junio, pero los primeros trasladados a Caracas y presentados ante un tribunal con competencia en terrorismo.
El 7 de julio también fue detenido Bladimir Josué Tremaria, dirigente del Frente De Trabajadores Socialistas del estado Bolívar, quien fue imputado por hurto de material estratégico, conspiración, asociación para delinquir y encubrimiento; posteriormente, el 1 de septiembre, su residencia fue allanada. Todos estos dirigentes sindicales permanecen actualmente detenidos.
Violación a la libertad de expresión
Lissette González insistió en que todas las detenciones son una violación del derecho a la protestas, así como de la libertad de expresión y comunicación de los dirigentes sindicales.
Indicó que además le preocupa la suspensión unilateral por parte del gobierno de Venezuela de las sesiones del diálogo social, que estaban previstas para el pasado 5 y 6 de octubre.
«Este diálogo acompañado por la Organización Internacional del Trabajo, era el único canal institucional para que el movimiento sindical venezolano pudiera plantear sus demandas al Estado venezolano», finalizó.
