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Este lunes, 12 de febrero, Amnistía Internacional (AI) pidió la libertad «inmediata e incondicional» de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
En la red social X, Amnistía Internacional aseguró que «está monitoreando la denuncia de desaparición forzada» de San Miguel, y pidió el respeto a sus derechos y a la «medida cautelar de protección dictada a su favor» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, así como «acceso a abogados y familiares».
San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) habrían efectuado el procedimiento.
Todo esto pese a que desde el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de ella y de su hija, tras alegar que era objeto de «hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio», en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano, desde la que constantemente denuncian las irregularidades del sector castrense en Venezuela.
A casi 60 horas de la detención de San Miguel, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, confirmó las versiones de medios de comunicación de que la vinculaban con con el caso “Brazalete Blanco”, una de las cinco conspiraciones bajo actual investigación por parte del gobierno venezolano, quien asegura que se trataba de una operación que incluía un presunto intento de magnicidio.
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