El exparlamentario, abogado y defensor por los derechos civiles, Rafael Narváez aseguró que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y que la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene su atención en el caso de Venezuela tras ratificar investigación por violaciones a los derechos humanos.
En un reciente comunicado, Narváez aseguró que la Corte Penal Internacional (CPI) sigue alerta sobre la situación en Venezuela. La CPI ha ratificado su sentencia de continuar la investigación en el país por crímenes de lesa humanidad.
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Violación de derechos humanos
Narváez señaló que la muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo, atribuida a torturas y tratos crueles e inhumanos por la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DGSIM), está en la mira de la CPI.
El exdiputado indicó que el Estado venezolano, al que acusa de violar los derechos humanos, ya no tiene espacio en la CPI para apelar esta sentencia firme dictada por la sala de apelaciones. Esta sentencia se basa en las pruebas obtenidas por el fiscal en la investigación, que le permiten solicitar a los jueces citación y orden de captura.
Justicia de reparación
Narváez expresó su satisfacción por el avance significativo de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, gracias a la sentencia firme de la sala de apelación de la CPI contra el recurso que introdujo el Estado en su estrategia de impedir que el Fiscal Karim Kan continuara investigando.
El defensor criticó a la administración de Maduro por negarse a reconocer las facultades, competencias e historia de la CPI y el compromiso adquirido cuando firmó el Estatuto de Roma en el año 2000, que califica a este tribunal penal internacional para investigar estos crímenes sin privilegios para los investigados y procesados penalmente.
Narváez recordó que la CPI no es el Consejo General de Derechos Humanos de la ONU ni el Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA), que, según él, siguen perdiendo fuerza y credibilidad por estar compuestos por representantes de gobiernos que vulneran derechos humanos.
