El Parlamento italiano ha dado este jueves un paso decisivo hacia la limitación del acceso a la nacionalidad italiana para descendientes de italianos en el extranjero, al aprobar en el Senado un decreto-ley impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni, con 81 votos a favor y 37 en contra.
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La iniciativa, promovida por el ministro de Exteriores Antonio Tajani, deberá ahora ser ratificada por la Cámara de los Diputados en un plazo de 60 días para entrar en vigor de manera definitiva. De lo contrario, el decreto perdería validez automáticamente, como establece la legislación italiana para los decretos-ley.
“Este resultado es muy importante porque la medida pretende devolver dignidad y significado a un derecho que debe estar basado en un vínculo verdadero con Italia, no solo burocrático sino también cultural”, afirmó Tajani.
Controlar el auge de solicitudes desde el extranjero
El decreto busca frenar lo que el Ejecutivo considera una “comercialización” de la nacionalidad italiana, debido al aumento considerable de solicitudes en países con fuerte presencia de descendientes de italianos, especialmente en Sudamérica.
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Italia aplica el principio de “Ius Sanguinis” (derecho de sangre), que permite a los descendientes de italianos solicitar la ciudadanía. Sin embargo, el Gobierno argumenta que el uso extendido de este derecho ha provocado una sobrecarga administrativa y una pérdida del vínculo real con el país.
Según cifras oficiales, en los últimos diez años, el número de italianos en el extranjero ha crecido un 40 %, pasando de 4,6 millones a 6,4 millones. En Sudamérica, los datos son aún más contundentes: solo en Argentina se reconocieron 30.000 nacionalidades italianas en 2024, frente a 20.000 el año anterior. En Brasil, las cifras pasaron de 14.000 en 2022 a 20.000 en 2023. En Venezuela, se contabilizaron cerca de 8.000 solicitudes aprobadas solo en 2023.
Tres pilares de la reforma
El decreto aprobado establece tres ejes principales:
- Limitación por generaciones: La ciudadanía automática por descendencia se restringirá a dos generaciones, es decir, solo será válida si uno de los progenitores o abuelos nació en Italia.
- Vínculo efectivo con Italia: Se exigirá que los ciudadanos italianos nacidos y residentes en el extranjero ejerzan al menos un derecho o deber cívico cada 25 años para mantener la nacionalidad.
- Canal único para las solicitudes: Las solicitudes de nacionalidad deberán presentarse ante un ente designado del Ministerio de Exteriores, y no en los consulados, que han colapsado en años recientes por la alta demanda.
Impacto en comunidades de la diáspora italiana
La medida ha generado preocupación entre las comunidades italianas en el exterior, especialmente en América Latina, donde millones de personas mantienen lazos familiares, culturales y afectivos con Italia. Diversas organizaciones de italianos en el extranjero han advertido que la reforma puede excluir a personas legítimamente vinculadas al país, por motivos meramente administrativos o por dificultades logísticas para demostrar esos vínculos activos.
Próximos pasos
El texto pasará ahora a la Cámara de los Diputados, donde se espera un debate igualmente intenso. En caso de ser aprobado sin enmiendas, la nueva ley entrará en vigor en las próximas semanas, marcando un cambio histórico en la política migratoria y de ciudadanía de Italia.