América Latina atraviesa por otra enrevesada etapa en tiempos contemporáneos. En el siglo XX proliferaron regímenes dictatoriales como Trujillo en República Dominicana; Somoza y Ortega en Nicaragua; Odría y Velasco Alvarado en Perú; Gómez y Pérez Jiménez en Venezuela; Stroessner en Paraguay; Videla en Argentina; Rojas Pinilla en Colombia; Banzer en Bolivia; Batista y Castro en Cuba; Duvalier en Haití, Pinochet en Chile; Bordaberry en Uruguay; Figueiredo en Brasil; Rodríguez Lara en Ecuador; Noriega en Panamá y, al final del siglo, Hugo Chávez llegó con legitimidad de origen, para luego implantar un régimen autocrático y demoler la democracia desde adentro, plan continuado por Nicolás Maduro. Durante los 80 y 90 se había producido una oleada democratizadora en la región, excepción hecha de Cuba, oprimida por la bota de los Castro durante 66 años, la dictadura más longeva de América Latina. En el presente siglo, la región gira pendularmente entre populismos de izquierda o de derecha, principalmente por la incapacidad de los mandatarios de cumplir con las promesas ofrecidas en las campañas electorales, o por la corrupción e ineficiencia de los gobiernos.
Las dictaduras del siglo XX tuvieron como rasgos comunes la represión a la disidencia, la censura a los medios de comunicación, el control de las instituciones, la restricción de los derechos civiles y políticos, y en muchos casos el culto a la personalidad de líderes mesiánicos, bajo la imagen de ser los únicos capaces de guiar al país hacia la prosperidad. En épocas de la guerra fría, el temor al comunismo alentó la instauración de regímenes autoritarios con el apoyo de Estados Unidos, o en el terreno opuesto, con abiertas injerencias de la URSS, y más tarde de Cuba y Venezuela.
Las más aberrantes tiranías son hoy Cuba, Nicaragua y Venezuela, el triángulo del mal, amén de una Bolivia polarizada y asociada al Socialismo del Siglo XXI, o la dolorosa situación de Haití, convertida en un Estado fallido bajo el control de bandas criminales. En Ecuador triunfó Daniel Noboa en segunda vuelta, salvando al país del correísmo, corriente izquierdista que ve así alejadas las posibilidades de retorno al poder. En Perú subsiste la inestabilidad política, a la espera de las elecciones de 2027, y los países mayores, Brasil y México, hacen mutis en la defensa de la democracia, salvo que se trate de candidatos afines a la izquierda. En un caso sin precedentes mundiales, México acaba de celebrar comicios para elegir popularmente a los jueces, aumentando el riesgo de politización, o de vínculos de los jueces con el crimen organizado. En Argentina comienzan a surtir efecto las políticas de Milei, entre ellas, un superávit fiscal por primera vez en décadas, y la reducción significativa de la inflación. Según proyecciones de la CEPAL, Argentina crecerá este año en un considerable 4,3%, en tanto que Brasil lo hará al 2,3% y México solo al 1,2%.
El caso de Venezuela es particularmente grave. El país de oportunidades, que fue durante 40 años un faro democrático en la región, sigue sumida en una profunda crisis múltiple, sin un ápice de apego al Estado de Derecho, con una diáspora de 9,1 millones de personas, 30% de la población, y con el aparato productivo y de servicios destruido, incluyendo la industria petrolera. El megafraude del 28J y la farsa en los comicios regionales del 27M, evidencian que el régimen no repara en medios para aferrarse al poder, reprimiendo cruelmente a la disidencia, y ahogando el mandato de las grandes mayorías. En cuanto a Nicaragua, el absolutismo asfixia toda forma de oposición, con aberrantes atropellos a los Derechos Humanos, al extremo de persecuciones en Nicaragua a ministros de la Iglesia u órdenes religiosas, y la privación de la libertad o de la ciudadanía a centenares de personas.
En cuanto al desempeño económico, la región da muestras de estancamiento por falta de confianza, salvo las inversiones chinas en la mayoría de los países, ello para disgusto de EE.UU., país que sigue careciendo de una visión estratégica y de largo plazo en su “patio trasero”. Según el más reciente informe del Banco Mundial, la economía de América Latina y el Caribe crecerá en 2025 en un mediocre 2,1% y en un 2,4% en 2026, lo que ubica a la región como la de menor crecimiento del mundo. La baja inversión, el alto endeudamiento, el elevado déficit fiscal y un entorno externo e interno adversos, son para el BM los principales obstáculos actuales al desarrollo de América Latina.
Venezuela y Colombia, economías medias en la región, se encuentran inmersas en un verdadero laberinto. En Venezuela, el ilegítimo régimen es objeto de nuevas sanciones por parte de EE.UU., entre ellas la no renovación de la licencia operacional a la empresa Chevron, hecho que agravará su situación económica. Pese a ello, el régimen se empeña en reforzar las alianzas con Cuba, Rusia, China, Irán, el crimen organizado y el Foro de Sao Paulo, actores que tienen ya un cuartel general en Venezuela, y por tanto, la permanencia de Maduro en el poder les resulta vital.
Lo más grave en ese laberinto, es que el régimen venezolano pretende impulsar “vía express” una modificación constitucional para implantar el Estado Comunal, modelo marxista a lo cubano, bajo el cual desaparecerían las instituciones republicanas consagradas en la Constitución que el propio régimen promovió en 1999 como “la mejor Constitución del mundo”, al decir de Chávez. Se eliminarían así las elecciones de primer grado, sustituyéndolas por elecciones de segundo grado, partiendo de comunas controladas políticamente, hasta al órgano superior, el Consejo de Estado, que sería el encargado de elegir al presidente de la República. Ese sería el instrumento para la implantación de un totalitarismo comunista, unicolor, sin elecciones de primer grado, ni posibilidad alguna de candidaturas opositoras. En otras palabras, el fin perpetuo de la democracia, y la más grave amenaza a la libertad en la región. Por mucho menos, en cualquier país, una iniciativa de esa naturaleza llevaría a una movilización para la remoción de un mandatario. Pero en Venezuela no hay árbitros ni contrapesos políticos, las Fuerzas Armadas violan su obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución, y han asumido el papel de partido político armado, ideologizado y subordinado al régimen gobernante, contrariando una norma medular de la Constitución vigente, aunque hay que recordar, la Carta Magna prevé mecanismos para la defensa de su integridad.
Colombia no es tampoco ajena al laberinto. El país eligió hace tres años a Gustavo Petro buscando un cambio que ha resultado igualmente en un salto al vacío, tanto por la compleja personalidad del gobernante, como porque Petro presume que su elección fue un cheque en blanco para adelantar profundas reformas en temas fiscales, de salud, pensiones o en la legislación laboral, y en la medida en que algunas iniciativas son frenadas por las instituciones del Estado, amenaza con la figura de la consulta popular para desconocer al Congreso, además de avanzar en la colonización de las instituciones y poderes públicos. De otra parte, la política de mano blanda con los grupos irregulares, llámense guerrillas, disidentes de las FARC o el crimen organizado, ha provocado el recrudecimiento de la violencia, y un clima de inseguridad contrario al normal desenvolvimiento de la vida nacional.
Las elecciones presidenciales previstas para mayo de 2026 son pues cruciales para el destino de Colombia. Pese a todos los desafueros, y al estilo errático, ideologizado e improvisado del gobierno, la realidad muestra que Petro y sus aliados en el Polo Patriótico mantienen un 35% de apoyo, con lo cual podrían pasar a una segunda vuelta electoral y derrotar a las fuerzas democráticas, salvo que la oposición logre unirse en torno a un solo candidato, cosa que aún no se ve clara en el laberinto.
En 2022, la juventud colombiana votó mayoritariamente por Petro, en un voto más emocional que racional, ilusionada con promesas populistas o reivindicatorias, pero al igual que en Venezuela, no ha ocurrido ni el combate a la corrupción, ni la disminución de la pobreza, con un gasto público desbordado, que sigue exigiendo cada vez más recursos a través de medidas fiscales, y de paso asegurar el triunfo en 2026. El enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo es agudo, y seguirá agravándose en la medida en que el gobierno pretenda desconocer al Congreso y a los jueces. La política energética del gobierno ha afectado seriamente a dos sectores fundamentales, el petróleo y el carbón, sin que Colombia haya logrado una diversificación productiva y exportadora. Pero crece sí la burocracia, el gasto improductivo y el endeudamiento, con alta ineficiencia y baja calificación del gabinete ministerial, ya que se privilegia la lealtad a la idoneidad, al igual que en Venezuela. En suma, los dos países, con sus particularidades, están atrapados en un indescifrable laberinto. Confiemos en la fuerza del pueblo para defender su voluntad libertaria, y sobreponerse a los nefastos intereses totalitarios.
Pedro F. Carmona Estanga
