El Observatorio de Universidades (OBU) ha hecho pública una alarmante cifra: en julio de 2025 se registró un incremento del 309% en las denuncias por violaciones a la autonomía universitaria en Venezuela, en comparación con el primer semestre del año.
Los datos del Monitor OBU, difundidos por sus redes sociales, revelan que el 86% de estas denuncias se relacionan directamente con ataques a la autonomía, y provienen principalmente de universidades que no están bajo el control del gobierno.
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Injerencia estatal y crisis multifacética
Instituciones de prestigio como la Universidad de los Andes (ULA), la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad de Carabobo (UC), junto a sus pares privadas como la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Metropolitana (UNIMET), se han pronunciado enérgicamente contra lo que califican de injerencia inconstitucional.
Un ejemplo clave de esta intervención es el intento del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) de eliminar las pruebas de ingreso internas, un derecho constitucional, para imponer un sistema centralizado. La Universidad Central de Venezuela (UCV) ha defendido su autonomía y ha anunciado que continuará aplicando su Sistema de Admisión con Modalidades Integrales (SIMADI).
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La crisis se extiende a la autonomía financiera. La UCV ha denunciado la toma de sus terrenos en la Zona Rental, un proyecto vital para generar ingresos propios. Esta acción representa un golpe severo a la sostenibilidad de la casa de estudios.
Precarización docente y respaldo internacional
A la crisis institucional se suma el empobrecimiento sistemático del personal académico. Los docentes acumulan tres años sin aumento salarial. El bono vacacional que un profesor recibió en 2025 equivale a apenas el 1.15% del valor que tenía en 2002. En 23 años, este beneficio ha sido pulverizado. Mientras en 2002 un académico podía comprar 37 canastas básicas con su bono, hoy necesitaría más de diez bonos para adquirir una sola.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado estas violaciones, confirmando que el Estado venezolano interfiere en las universidades a través de la asfixia presupuestaria y el hostigamiento a la comunidad. El OBU insta a las autoridades a garantizar la independencia académica y los derechos de la comunidad universitaria.
