La preocupación por la calidad del agua que llega a los hogares larenses escaló este miércoles 7 de mayo con la contundente denuncia del Movimiento Unidos por el Agua y los Derechos Humanos. La organización expuso públicamente la situación del suministro en la parroquia Catedral del municipio Iribarren, así como en otras jurisdicciones del estado Lara como El Tocuyo y Quíbor, donde miles de ciudadanos reciben agua que no cumple con los estándares de potabilidad.
Alcides Pérez, un miembro activo del movimiento, hizo un enérgico llamado a las autoridades gubernamentales en sus diferentes niveles.
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«Hacemos un llamado al gobierno nacional, al gobierno regional del estado Lara y al Ministerio de Ecosocialismo y Agua para que vean cómo está llegando el agua hoy a Barquisimeto«, declaró Pérez, respaldando sus palabras con evidencias de la turbidez del líquido en comunidades del oeste de la ciudad. Extendió su exigencia a la gobernadora encargada, Isabel Lameda, instándola a tomar cartas en el asunto de manera urgente.
Un problema cíclico
El ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del estado Lara, calificó la situación como un problema cíclico que se viene arrastrando. Explicó que las cuencas son las productoras de agua y que, al diseñar obras hidráulicas de gran magnitud con una vida útil de 100 años, los ingenieros consideran un porcentaje de arrastre de sedimentos.
Utilizó una analogía para describir el proceso de captación profunda del embalse, la elevación a través de los motores del Alto Tocuyo y la posterior llegada a la planta de tratamiento, donde se realizan los análisis físicos, químicos y bacteriológicos para determinar los químicos necesarios para la potabilización.
Situación alarmante
Deborah Velázquez, presidenta de Aplucla, manifestó que la turbidez del agua en las botellas evidencia la falta de un servicio adecuado y efectivo para los ciudadanos, con todas las consecuencias que esto implica.
Subrayó la necesidad de unirse a las denuncias valientes de otros ciudadanos, las cuales deben recibir respuestas de todas las instancias competentes. Cuestionó el pago de un servicio bajo estas condiciones, argumentando que al pagar se exige un suministro de agua que cumpla con todos los requisitos necesarios para garantizar su calidad.
Wilmer Sequera, vocero del movimiento Unidos por el Agua, describió la situación como alarmante, recordando las denuncias previas sobre la turbidez del agua. Compartió un caso personal impactante: su madre de 85 años sufrió siete días de diarrea y los exámenes revelaron un parásito producto de la contaminación del agua.
Hizo un llamado directo a Hidrolara y a la gobernadora encargada, Isabel Ameda, enfatizando que este es un problema de salud pública.
