Una orden donde desestimaba, por falta de prosecución, la apelación presentada en el caso número 25-12067, relacionada con una demanda originalmente interpuesta ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, promovida por un grupo de ciudadanos que alegaban haber sido objeto de actos de difamación, intimidación y daño a su reputación por parte de otros venezolanos residentes en el exterior, incluyendo al presidente de la Junta Administradora de PDVSA Ad Hoc, así como representantes de organizaciones comunitarias y empresariales, emitió el lunes 7 de julio, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos.
Según los demandantes, tales actos habrían sido cometidos mediante el uso de redes sociales, correos electrónicos, blogs y otras plataformas de comunicación, en el contexto de disputas vinculadas a la representación de los intereses del Estado venezolano en el extranjero.
En su decisión de primera instancia, el Tribunal del Distrito Sur de Florida desestimó la demanda por razones de forma y fondo, al considerar que no cumplía con los requisitos establecidos en las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Entre otras observaciones, se señaló que la demanda constituía una «shotgun complaint«, es decir, contenía acusaciones generales y confusas que no distinguían con claridad las responsabilidades individuales de los demandados ni presentaban fundamentos jurídicos concretos.
Posteriormente, los demandantes intentaron apelar dicha decisión ante el 11º Circuito. Sin embargo, no cumplieron con las exigencias procesales necesarias para que la apelación pudiera avanzar: no realizaron el pago de las tasas judiciales, no presentaron una solicitud formal de exoneración de costos (in forma pauperis), y omitieron la entrega de documentos requeridos como el Formulario de Orden de Transcripción y las Certificaciones de Interés y Divulgación Corporativa.
En consecuencia, la Corte de Apelaciones desestimó la apelación por falta de prosecución, conforme a la Regla 42-1(b) del Circuito. La decisión cierra definitivamente el proceso judicial en esta instancia.
Este fallo reitera la importancia del cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos por la legislación federal para la admisión y evaluación de recursos ante los tribunales de los Estados Unidos.
