La ONG Provea alzó su voz este miércoles para exigir una medida humanitaria y la liberación de la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, quien cumple 558 días detenida en El Helicoide.
La abogada fue arrestada el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto a su hija, y desde entonces permanece privada de libertad bajo graves señalamientos del gobierno de Nicolás Maduro.
Acusaciones de terrorismo y traición a la patria
Según la versión oficial, San Miguel habría entregado información sensible sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a representantes de otros tres países.
El fiscal general, Tarek William Saab, la acusa de terrorismo y traición a la patria, cargos que han sido rechazados por organizaciones de derechos humanos, que aseguran que la detención obedece a su labor de monitoreo en temas de seguridad y soberanía nacional a través de Control Ciudadano.
Provea denunció además que la activista fue presentada ante un tribunal contra el terrorismo en Caracas sin derecho a designar a sus abogados de confianza, lo que constituye, aseguran, una violación al debido proceso.
Salud en riesgo y denuncias por falta de atención médica
El estado de salud de San Miguel también genera preocupación. En diciembre pasado, su abogado Juan González Taguaruco reveló que la activista sufrió una fractura tras un desmayo provocado por una laberintitis que no fue tratada oportunamente. Desde entonces, padece dolores constantes y solo ha recibido analgésicos, sin confirmación de que haya recibido atención médica especializada o una cirugía.
Provea pide respeto a derechos fundamentales
La ONG destacó que la activista ha sido víctima de criminalización por su trabajo en materia de defensa y asuntos militares.
“El Gobierno de Maduro la acusa de ‘terrorismo’ y ‘traición a la patria’ por su labor en Control Ciudadano, donde documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares”, señaló la organización en un comunicado.
Provea reiteró su llamado a las autoridades a respetar los derechos humanos de San Miguel y otorgar una medida humanitaria inmediata, al recordar que su prolongada detención sin garantías judiciales constituye un caso emblemático de persecución política en Venezuela.
