Este jueves 11 de septiembre, el Comité de Jubilados y Pensionados de la Gobernación del Estado Lara consignó un documento ante la Defensoría del Pueblo regional y la oficina del Ministerio del Trabajo.
En el escrito, denunciaron el pago incompleto del cestaticket y exigieron la salarización del Bono de Guerra, un reclamo que busca justicia laboral y estabilidad económica para los trabajadores activos y jubilados.
Pago del cestaticket inferior
Los representantes sindicales señalaron que, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro anunció el 15 de enero de 2024 que el cestaticket sería de 40 dólares mensuales indexados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), los trabajadores actualmente reciben entre 34 y 35 dólares.
Incluso el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó en una sentencia posterior que el monto debía ser de 40 dólares ajustados a la tasa del día. Sin embargo, los dirigentes recordaron que este beneficio resulta insuficiente, pues apenas cubre un 7% de la canasta alimentaria, la cual supera los 550 dólares.
Propuestas sindicales: ampliar y reformar el beneficio
El comité planteó una reforma de la Ley de Cestaticket para que el subsidio se extienda también a jubilados y pensionados, y que incluya no solo alimentación, sino también medicina y transporte, con ajustes periódicos que permitan enfrentar la inflación y la devaluación.
Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo esclarecer el destino de los recursos prometidos por el Ejecutivo nacional a través de la llamada “macolla petrolera” de 50 pozos, que presuntamente financiaría el fondo de prestaciones sociales.
Salarización del Bono de Guerra
Otro de los puntos centrales de la protesta fue la salarización del Bono de Guerra Económica. Según los sindicalistas, este beneficio, que hoy equivale a 145 veces el salario mínimo venezolano, debería ser incorporado al sueldo, en cumplimiento de la sentencia 489 del TSJ (2003), que establece el principio de proporcionalidad entre salario y bonificaciones.
“El bono de guerra supera por mucho al salario mínimo, que apenas ronda los 0,80 dólares. Eso demuestra que debe evaluarse su incorporación al sueldo”, afirmó Robert Sánchez, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara.
Riesgo de “aguinaldos irrisorios”
Los representantes sindicales advirtieron que, de no atenderse sus propuestas, los trabajadores podrían enfrentar pagos de aguinaldos muy bajos en las próximas festividades, pese a los anuncios oficiales de “Navidades felices” a partir de octubre.
“Con los cálculos actuales, sería una burla para los trabajadores hablar de felicidad cuando sus aguinaldos no alcanzan ni lo mínimo”, añadió.
Tras la consignación del documento, la Defensoría del Pueblo informó que procesará la solicitud y notificará oportunamente a los representantes sindicales.
Mientras tanto, los gremios de Lara mantienen su llamado a la revisión inmediata de los beneficios laborales, exigiendo que los anuncios oficiales se traduzcan en mejoras reales para el bolsillo de los trabajadores venezolanos.
