El Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro declaró procedente la solicitud a Italia para la extradición del exministrode petróleo y minería Rafael Ramírez a la República Italiana, para juzgarlo en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación, previstos y sancionados en los artículos 54 y 60 de la Ley Contra la Corrupción y 37 de la Ley Contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.
La sentencia Nº 55-2020 señala que se asume “el firme compromiso” ante Italia de que Ramírez “será juzgado únicamente por su presunta participación en la comisión de los delitos mencionados”.
Una denuncia del diputado Luis Parra Rivero ante el Ministerio Público el 03 de febrero de 2017, involucran a Ramírez con presuntas cancelaciones excesivas diarias de un contrato celebrado entre la empresa Pdvsa Servicios, S.A. y Petrosaudi Oil Services (Venezuela) LTD.
Dicha documentación compara la oferta suministrada por la empresa Petrosaudi con las tarifas que cobraban las embarcaciones que realizaban este tipo de trabajos para la fecha de los hechos, constatando que los precios eran sumamente inferiores a los que quedaron asentados en el contrato.
Motivos que declaran sentencia para que Ramírez sea juzgado únicamente por los delitos antes mencionados.
Rafael Ramírez fue presidente de PDVSA durante el año 2004 y 2013 designado por el fallecido Hugo Chávez, vicepresidente del Área Económica, canciller y embajador ante Naciones Unidas.
Posteriormente se convirtió en una figura de oposición para el régimen de Nicolás Maduro por sus cuestionamientos a la crisis que sufre PDVSA y denuncias de corrupción. Desde entonces ha sido acusado por sus antiguos camaradas por delitos de legitimar capitales y lavado de dinero, además cuenta con una orden de captura.
