Editorial: Señales de anomia

Un adolescente de 13 años logra burlar la seguridad de un instituto de educación, en Barquisimeto, e introduce un revólver, que luego, en el baño del plantel, se lo mostrará a otro, de 12 años. Al manipularlo, se les escapa un tiro, que acabará con la vida de uno de ellos. En una temprana reacción criminal, el arma fue enterrada en el solar de su casa por otro muchacho, de apenas 17 años.

Sucesos como el descrito en las anteriores líneas son reseñados con frecuencia en los medios, sin producir asombro en un público bombardeado, hasta el letargo, por los vislumbres de una degradación ante la cual no hay institución que acabe de reaccionar. La nación, en su conjunto, pareciera resignada. Lo acepta como el macabro juego de un destino inapelable.

En el fondo, hemos topado con la anomia. La ausencia de una norma que ordene el tejido social y sus conflictos naturales, hasta impedir la inequidad, el envilecimiento, la ley del más fuerte. El sociólogo frances Émile Durkheim habló de la anomia como “la incapacidad del Estado, y de la sociedad, de proveer a los individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad”. Ni más, ni menos.

Pero no se trata de que, en efecto, el Estado venezolano “no tenga capacidad”. Estamos en presencia de un Estado al que no lo mueve interés alguno en encarar los males que afligen a la nación. Por lo contrario, atiza el desencuentro, subvierte a propósito los valores, estimula el odio y el no reconocimiento del otro, convierte al victimario en víctima, y viceversa, en el entendido de que es precisamente en medio de un ambiente de tirantez y permanente conflictividad social, donde se mueve a sus anchas y logra sus más inmediatos cálculos y propósitos políticos.

Si el ciudadano común levanta su mirada, atónita, encontrará motivos de sobra para la alarma. Del propio seno de organismos fundamentales, desde las altura del poder, se emiten potentes y desgarradoras señales que confiesan la perversión oficial. En Caracas, colectivos armados que se autodenominan “socialistas” y “escudos de la revolución”, se adjudican la inexplicada destitución del ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, quien hasta el día anterior lucía sólido, intocable; y ahora lanzan un “ultimátum” al segundo hombre más fuerte del Gobierno, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, emplazándolo a renunciar a su cargo. “Se acaba el plazo Diosdado. Tenemos 8 bajas y tu ninguna”, se atreven a amenazar a través de las redes sociales, sin que se les investigue por eso.

No es casuístico que una de las víctimas propiciatorias de este peligroso deslave social sean, precisamente, los derechos humanos. En los campos de una justicia arrasada, no hay fiscalía ni tribunal que se atreva a prestar oídos al clamor de un débil jurídico. Esto abre las espitas para aberraciones como la denunciada por Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien asegura que en Ramo Verde a los presos políticos no los dejaron dormir una de estas noches con el ruido de pitos y sirenas, al tiempo que a sus celdas lanzaban bolsas con excrementos y orina. Para recargar su crueldad, los custodios recibieron órdenes de no permitirles asearse el día siguiente.

Aparte del discurso, es el ejemplo, provocador, morboso, que se proyecta a la sociedad toda. El caso del abatimiento de la madre de Ángela Medina, la modelo asesinada, que ve cómo a la familia de aquel a quien ella señala como el homicida, se le concede la tribuna de la Asamblea Nacional, privilegio que a ella se le niega. Un crimen no resuelto policialmente aún, en pleno curso en sus pesquisas, así contaminado, trocado en debate político. Y ahí está, también el desplante del ministro de las comunas. Arriba al aeropuerto internacional de Sao Paulo, con su familia y una niñera armada, en avión de Pdvsa, a fin de atender asuntos que nada tienen que ver con sus funciones públicas.

Sirve para tasar el escándalo que la justicia de Brasil, más autónoma que la nuestra, no cerró el caso. En cambio aquí, esta vez el parlamento calla. Ningún fiscal, que se sepa, ha sido asignado. No hay vocero del Gobierno que se haya sentido en la más mínima obligación moral de aclarar nada. Debemos reaccionar, como sociedad, antes de que sea demasiado tarde. Son las inequívocas señales de la anomia.

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