Tenía que producirse la falla eléctrica en la línea 765, que dejó sin el servicio a 18 estados en todo el centro y occidente del país, para dejar nuevamente al Gobierno desnudo en medio del patio, demostrando que las cuantiosas cantidades de dinero que se han invertido en los últimos dos años, y que de acuerdo con los entendidos, supera los US$ 25.000 millones, no han sido suficientes para solventar la crisis del Sistema Eléctrico Nacional.
Las explicaciones para justificar apagones de esta magnitud, que paralizan las tres cuartas partes del país, ya no tienen que ver con las “iguanas”, tampoco con las “ratas” que se comen los cables, ahora se ha responsabilizado a “una malla protectora” que se desprendió sobre la torre 6 en el sitio denominado como La Horqueta, generando un caos en las principales ciudades del centro y occidente de Venezuela.
Al producirse la falla eléctrica y ante la enorme angustia que la misma genera, al ser afectados los sistemas de transporte masivo; el tránsito en las ciudades al quedar sin electricidad el sistema de señales de tránsito en los semáforos; la mayoría de los comercios que tuvieron que cerrar sus puertas y enviar a los trabajadores para sus hogares, no fue el ministro el que dio la cara, sino un viceministro de Desarrollo Eléctrico, otro Viceministro en horas de la mañana del martes 3 de septiembre, le había declarado a los medios de comunicación que las fallas eléctricas se habían reducido en un 70%, con lo cual no están de acuerdo los integrantes del Comité de Afectados por los Apagones, que mantienen cifras actualizadas que contradicen lo señalado por el funcionario del MinElectricidad.
En el año 2012, el entonces ministro, Héctor Navarro, advirtió durante una interpelación en la Asamblea Nacional, que la crisis del sector eléctrico venezolano, no se resolvería en el 2013, cuanta razón tenía en sus apreciaciones, pero además recomendaba que el problema debería ser solucionado por etapas en vista de que el 71% del parque de generación eléctrica nacional, tiene una obsolescencia de más de 20 años.
El actual ministro, tal vez por desconocimiento de la materia, o quizás por pretender ser más papista que el Papa, cuando fue designado en el cargo anunció que en 100 días lograría estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional, de lo contrario pondría su cargo a la orden, plazo que se cumplió el pasado 16 de agosto, sin que haya alcanzado tales objetivos, y aún cuando ha habido una reducción en los apagones, sobre todo en la capital de la República, no así en el interior del país, donde la crisis es más aguda y profunda, sin que el funcionario haya puesto su cargo a la orden, por el contrario, sigue tan campante como si hubiese alcanzado el mejor desempeño como gerente.
Ya en aquél momento, los conocedores y especialistas de la materia, le pronosticaron un rotundo fracaso, por cuanto resolver el problema eléctrico del país requiere por lo menos de tres años, contando con los recursos, que deben ser utilizados e invertidos en forma eficiente, no comprando plantas de generación en desuso ni barcos generadores de los que poco se ha sabido.
Decían los viejos de antes que “después de ojo afuera, no vale Santa Lucía” y ello viene al caso porque es ahora, luego de producirse una falla que produjo pérdidas millonarias en la industria y comercio, cuando se anuncian medidas preventivas como Sistema un chequeo de protección semanal y un mantenimiento mensual, hasta que cierre el proceso de modernización de la línea de 765 para evitar que se repita una contingencia de este tipo.
Las consecuencias
El alto gobierno en lugar de asumir su responsabilidad, admitir que la falla es producto de la ineficiencia oficial, de las falta de inversiones y de un mal manejo de la problemática sectorial, no se le ocurre otra acción que recurrir a la manida tesis del “sabotaje” por parte de los apatridas enemigos de la revolución que nuevamente arremeten para desestabilizar las instituciones, lo cual solamente genera hilaridad entre la mayoría de los venezolanos.
Sin embargo, el martes 3 de septiembre en horas del mediodía, la mayoría de los comercios de la capital de la República, también los del interior del país, bajaron sus santamarías, ya que no podían procesar las ventas por falta de electricidad, no produjeron ventas, pero si mantuvieron los costos, lo que significa pérdidas al final del día.
La industria manufacturera, por su parte, sobre todo aquella que mantienen procesos de producción continua, que fueron sorprendidas por el “apagón”, registraron pérdidas, no solo de las materias primas e insumos que procesaban para el momento; sino que arrancar una línea de producción, después de haber sido detenida en forma intempestiva, requiere dependiendo de lo que se esté procesando, entre 2 y 4 horas para limpiar la maquinaria y ponerla de nuevo en funcionamiento.
En todo caso, ¿Quién indemniza a los miles de usuarios que perdieron por este apagón sus enseres: neveras, lavadoras, televisores, y mercados por un monto de más de 2.200 millones de bolívares? Se supone que nadie, porque hasta ahora el Ejecutivo Nacional ha estado incumpliendo la Ley Orgánica de Servicio Eléctrico.
El Comité de Afectados por los Apagones, en conferencia de prensa se preguntó:¿qué hizo el Ministerio de Electricidad y Corpoelec con el dinero de las multas cobrado por espacio de 2 años a los usuarios, cuya cantidad asciende a Bs. 3.600 millones de bolívares. Nadie responde.
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