La espiral económica aprieta con ferocidad

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La calidad de vida de las personas está directamente relacionada con los beneficios que recibe de la economía en la que se desenvuelve. La prosperidad familiar también depende de las facilidades del mercado en la adquisición de bienes y servicios para abastecerse de forma cómoda y suficiente.

Los empleos en auge, las industrias y empresas en acelerada producción cubriendo la demanda de productos tanto interna como externa, en diversos rubros, y la utilización de todos los recursos posibles de un país elevan los estándares económicos necesarios para que su gente disfrute de sus bondades.

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Sin embargo, no todas las economías generan en la población este tipo de comodidades, debido al manejo errado que los gobiernos aplican a través de sus políticas económicas, lo cual desvirtúa la esencia de la prosperidad y desarrollo de una nación.

Impacto en la sociedad

En un documento reciente en el que coincidió un grupo de 47 economistas venezolanos de trayectoria académica y experiencia en el sector público de distintas generaciones y regiones del país, entre quienes se cuentan José Manuel Puente, José Guerra, Francisco Faraco, Pedro Palma, Héctor Malavé, Teodoro Petkoff y Jesús Casique se describen los problemas económicos, políticos, sociales y petroleros que persisten en el país.

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Sintetizan estos especialistas en cuatro puntos los problemas socioeconómicos que se agravan en Venezuela debido a las políticas empleadas por el gobierno nacional, los cuales imposibilitan el abastecimiento que trajo la escasez de productos alimentarios, medicamentos, equipos, maquinaria e insumos para las distintas actividades productivas requeridas por el venezolano, y ha desmejorado la producción nacional, estabilización de precios y el no contar con un mercado cambiario funcional.

En el primer punto plantean que es evidente que ya no existe la simple relación directa entre un precio del petróleo más alto y una mayor actividad económica venezolana, ni tampoco existe un mínimo control gubernamental sobre la presión inflacionaria, ni han podido organizar un mercado cambiario funcional y estable.

Las distorsiones inducidas en la asignación de recursos en las actividades económicas (entre ellas sobrefacturación y contrabando), asociadas a un control cambiario con amplia corrupción y la caída de reservas internacionales del BCV, debido a compromisos externos de Pdvsa cercanos a un 50% de los ingresos brutos en divisas por exportación petrolera, comenzaron a deteriorar aún más el panorama económico del país a partir de la segunda mitad del 2012.

Estas desviaciones de divisas petroleras fuera del BCV, se explican por grandes transferencias a fondos gubernamentales con cuentas en el exterior, al pago de los compromisos financieros adquiridos con China; y, entre otros factores, en la caída de ingresos de Pdvsa por el financiamiento preferencial en ventas petroleras a largo plazo otorgado a Petrocaribe, Petrosur, Petroandina y Cuba.

En segundo lugar, esta crisis no obedece exclusivamente a políticas económicas desacertadas sino a una conducción gubernamental sin respeto a límites legales en el área económica-financiera y a una concepción ideológica radical que justifica el fin revolucionario por encima de cualquier otra consideración en una democracia moderna, abierta al escrutinio público. Se trata de una crisis económica causada simultáneamente con el deterioro de una institución pública clave, el Banco Central de Venezuela, el cual ha tenido 4 presidentes designados en menos de un año.

Otras instituciones fueron deliberadamente convertidas en entes inoperantes, como fue el caso del Fondo de Estabilización Macroeconómica, bajo el Gobierno de Hugo Chávez.

De hecho, la profundización y ampliación de controles cambiarios, de precios y de las ganancias propuestas, desconoce toda la experiencia internacional en contra de dicha respuesta gubernamental a una crisis cambiaria, de más controles distorsionantes, y refleja más bien los prejuicios ideológicos provenientes de la llamada “lucha de clases”, citada por voceros oficiales y promovida por el fracasado socialismo marxista.

Tercero; desde 2009 la pérdida de la eficacia productiva y del potencial de producción en prácticamente todos los sectores de la economía, agravada por restricciones al acceso oportuno de divisas, se ha convertido en un impedimento más para el amplio y normal abastecimiento con producción nacional; también impide la generación de empleos estables y mejores remuneraciones a los trabajadores que no sean menguadas por la inflación.

En Guayana, las empresas básicas han reducido alarmantemente su producción y su capacidad potencial en los últimos años. Siguen operando con fuertes pérdidas y baja calidad gerencial, lo que en conjunto impide la nueva inversión y renovación tecnológica.

Algunas empresas estatales subsisten con transferencias de recursos desde el Gobierno Central, el Fondo Chino (préstamo a ser pagado con petróleo) y el inflacionario financiamiento monetario del BCV. El sector eléctrico también refleja la debilidad y vulnerabilidad de las empresas públicas antes mencionadas y no puede haber desarrollo sostenido de actividades económicas sin alta inversión y gerencia eficaz en el sector eléctrico.

Y cuarto; el sector agrícola, base de la producción nacional de alimentos, sigue seriamente golpeado por la política de expropiaciones, confiscaciones e importaciones masivas de alimentos por parte del Estado (un 30% pasa vía contrabando a países vecinos según declaración reciente de un alto funcionario gubernamental); por los controles de precios, rezagados respecto a la presión inflacionaria sobre los costos y por la nacionalización de Agroisleña, empresa clave de servicios al sector agrícola privado; además, el potencial productivo del sector agrícola también se ha reducido drásticamente.

En este sector la absoluta mayoría de las nuevas unidades estatales de producción socialistas han fracasado.
Estos puntos anteriores fueron descritos, desde 2009, como obstáculos en previos documentos difundidos por economistas venezolanos y lamentablemente siguen teniendo vigencia.

La política gubernamental no sólo no ha resuelto estas dificultades, sino que ha permitido que se agraven con el tiempo.

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