31 muertos, 121 personas privadas de libertad y 52 averiguaciones por violación de derechos fundamentales, fue el último parte oficial ofrecido por la fiscal general Luisa Ortega sobre el saldo de las acciones de protesta.
Precisó que han fallecido 25 civiles y seis funcionarios de distintas fuerzas de seguridad. Los hechos de violencia han dejado a 461 personas lesionadas, de las cuales 318 son civiles y 143 efectivos.
Han sido presentadas ante tribunales penales de control 1.854 personas. «Hasta ahora tenemos 52 investigaciones por violaciones a los derechos humanos en todo el país». Una de estas denuncias se refiere a las señalamientos hechos por estudiantes que han sidso detenidos en los últimos días quienes aseguran haber sido obligados por sus captores a comer excrementos.
También sugirió que la libertad de expresión «debe tener un límite, como todo derecho» y que debe haber controles que regulen la información de los medios.
