Para Edgar Zambrano, diputado por Acción Democrática a la Asamblea Nacional, la lucha por la liberación de todos los jóvenes que se encuentran detenidos o bajo procesos por haber participado en manifestaciones contra el Gobierno no puede detenerse.
Como obliga la Constitución y el Reglamento Interior y de Debates, en sus artículos 197 y 66, literal 3, respectivamente, el parlamentario entregó en EL IMPULSO el informe público de su gestión en el último año.
Refiere que hasta ahora ha remitido 97 correspondencias a la Presidencia de la República, 70 de ellas a Nicolás Maduro, pidiendo una audiencia para tratar el tema de los presos políticos y los exiliados, pero no ha tenido respuesta alguna.
Reitera los abusos que se han cometido y siguen cometiéndose en algunos casos, como el de los cinco funcionarios de la Policía Metropolitana presos por los sucesos del 11 de abril, quienes llevan más de 12 años tras las rejas y, pese a que ya son merecedores de beneficios, como casa por cárcel, y que dos de ellos están enfermos, no les han sido otorgados.
Zambrano es, quizás, la persona que más ha trabajado en ese tema y por lo tanto lo conoce bien, incluso en cuanto a cifras.
Explica que de unos 3.000 jóvenes sometidos a persecución judicial por haber participado en protestas, a 1.500 les finiquitaron sus procesos, pero aún quedan unos 1.200 con régimen de presentación y 35 presos, luego de que la pasada semana les fueron otorgadas medidas beneficiosas a cinco de ellos y se esperan otras para los próximos días.
Reconoce la intervención del nuevo Defensor del Pueblo, Tarek el Aissami, cuyas gestiones han resultado positivas, contrario a su antecesora, Gabriela Ramírez, que fueron negativas.
También están los casos de los exiliados por diferentes causas, como el 12 de abril del 2002, el paro petrolero y la plaza Altamira.
Calcula en 200 la cantidad de venezolanos que están exiliados en el exterior, entre ellos el ex-presidente de la CTV, Carlos Ortega, por cuyo regreso Zambrano acudió ante la Organización Internacional del Trabajo solicitando su intermediación.
También solicitó de la OIT su intervención ante el Gobierno venezolano para que a los trabajadores petroleros despedidos por el presidente Chávez les cancelen sus pasivos laborales por considerar se les han violado sus derechos constitucionales, humanos y a la vida.
El parlamentario se muestra muy optimista con respecto a los próximos comicios en los que se elegirá una nueva Asamblea Nacional y se trabaja en proyectos sobre lo que debe hacerse.
En primer lugar, informó que, con la colaboración de familiares de los presos políticos y de estos, tan pronto asuma el nuevo parlamento nacional se introducirá un proyecto de ley de amnistía que, al aprobarse, permitirá la liberación de quienes se encuentran injustamente tras las rejas por no respaldar el proyecto político socialista del PSUV.
