En la frontera colombo-venezolana, desde hace muchos años, se han venido cometiendo todo tipo de delitos, algunos como el contrabando y el narcotráfico con participación de influyentes personeros gubernamentales civiles y militares, que se han enriquecido en tiempo récord, según múltiples denuncias formuladas por periodistas que realizan investigaciones para los medios nacionales y extranjeros en los cuales trabajan, y sobre todo por grupos de inteligencia policiales también nacionales e internacionales. Al parecer todo conocido por tirios y troyanos.
Pero la emboscada de que fueron víctimas dos tenientes, un sargento y un civil pertenecientes al Ejército, de la que salieron gravemente heridos, cuando realizaban labores de inteligencia en un sector de la zona, provocó la movilización de unos 3.000 hombres de tropa, para tratar dar con los criminales: paramilitares o contrabandistas que se disputan el control del comercio ilícito. Y aunque es casi seguro que los paramilitares son contrabandistas y éstos están armados como los paramilitares, las sospechas y las acusaciones se han hecho, antes de los resultados de la investigación, según intereses políticos.
Y aunque el delito contra los jóvenes oficiales, el sargento del Ejército y el civil que les acompañaba, es absolutamente condenable, para los expertos criminólogos debió actuar primero una comisión de inteligencia militar y civil en la investigación. La movilización de 3.000 hombres de tropa, fundamentalmente del Ejército, revela que sus altos mandos no confían en la labor de la Guardia Nacional, cuerpo que ha estado a cargo de la custodia de la frontera.
Es lógico suponer que si se actúa tal como lo sugieren los criminalistas, no hubiera llegado al atropello, a la deportación de familias colombianas humildes y por lo tanto a la violación de los Derechos Humanos, según lo evidencian imágenes de hombres y mujeres del pueblo cruzando a pie el río Táchira con sus pocos enseres en sus espaldas, y a niños abandonados al otro lado de la frontera, separados de sus padres.
Las grandes dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchas, la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes que para perpetuarse en el poder, han violado y violan lo que antes, ejerciendo la oposición, defendían.
La salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, queda en evidencia que tuvo y tiene como objetivo dejar sin protección a los ciudadanos venezolanos o extranjeros, víctimas de la recurrente violación de sus derechos constitucionales por parte de cuerpos represivos del gobierno, sin percibir que se les pueden convertir en un boomerang, debido a los compromisos que ha adquirido nuestro país en diferentes tratados internacionales que ha firmado y ratificado, como miembro la ONU y de la OEA, de Mercosur y Unasur que exigen su cumplimiento insoslayable.
El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano. Por diferentes aberraciones humanas, no lo han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha predominado en la conciencia no sólo de los gobernantes, llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población, o mediante el fraude electoral.
La reacción del Jefe del Estado y en particular de los representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de rechazo a las evidentes denuncias de violación de los Derechos Humanos de humildes colombianos que habitaban en la frontera, y la descalificación a quienes las presentan a partir de informaciones de familiares o de las propias víctimas, revela la gravedad de lo que está pasando en el país, cuyos altos funcionarios se niegan a discutir sus contenidos para garantizarles la impunidad a los delincuentes.
Existen Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que quedarán en la OEA como testimonio de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, delitos condenados por el Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela. Si por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben, su impunidad será transitoria y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
En el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la justicia. De allí que algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia nacional e internacional
