946 manifestaciones con saldo de 44 muertes reportó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) desde abril hasta el 7 de mayo.
El Distrito Capital, Carabobo, Miranda, Aragua y Lara han sido las entidades del país que concentran el mayor número de manifestaciones protagonizadas por diversos sectores sociales y políticos durante estos 37 días, de acuerdo con lo registrado por dicho organismo.
Asimismo, el OVCS destaca que las acciones violentas realizadas por civiles armados, incorporados al organigrama de la Fuerza Armada Nacional, amparados en el Plan Zamora, incrementan el expediente que en materia de violaciones a derechos humanos acumula el Estado venezolano.
Además, señala que en paralelo a la activación de dicho plan cívico-militar, el Gobierno realiza detenciones al margen del Estado derecho, en las que civiles son puestos a la orden de tribunales militares. Menciona al respecto que según datos oficiales solo en el estado Carabobo más de 250 civiles fueron presentados en tribunales militares.
«Esta situación es violatoria a los artículos 49 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es contraria a la doctrina y jurisprudencia de derechos humanos, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal, según lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», detallan.
«Los hechos de violencia y represión se incrementaron desde la activación del Plan Zamora, el 18 de abril por parte del presidente Nicolás Maduro. Este plan promueve y consolida acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados, facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito», explican.
Por último, exigen poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares y a la ejecución del plan Zamora. Además, piden suprimir el uso de fuerza potencialmente mortal en el contexto de las manifestaciones pacíficas y prohibir el uso sistemático de gases tóxicos para reprimir las protestas pacíficas.
