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El año 2024 consolidó en Venezuela un patrón de censura y represión contra la libertad de expresión, intensificado durante el proceso electoral presidencial del 28 de julio y en los meses posteriores.
Según datos del informe anual “Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela enero-diciembre 2024”, publicado por la ONG Espacio Público, se produjeron 311 casos de represión, lo que se traduce en un aumento del 52% respecto a 2023. Este incremento estuvo vinculado directamente al proceso electoral del 28 de julio y a la ola represiva posterior, que afectó a líderes sociales, políticos y ciudadanos en general.
Uno de los aspectos más preocupantes fue la escalada en las violaciones al derecho a la libertad de expresión, con 619 denuncias registradas, un 61% más que el año anterior. La intimidación fue la violación más común, con impedimentos de cobertura periodística y detenciones arbitrarias de comunicadores. Le siguen censura, hostigamiento judicial, hostigamiento verbal, restricción administrativa, amenaza, agresión, ataque, restricción legal y muerte.
Espacio Público contabilizó también 99 detenciones, un incremento del 254% con relación al 2023, cuando se registraron 28 privaciones de libertad. Del total de personas detenidas, 71 fueron particulares, y 24 entre periodistas y trabajadores de la prensa. El resto de las víctimas estuvo distribuido entre miembros de ONG y trabajadores públicos.
Del total de detenciones, 28 se produjeron por el uso de redes sociales o internet. Mientras que, al menos, 36 detenciones se produjeron bajo acusaciones de supuesta instigación al odio.
La ONG recalcó que las detenciones arbitrarias fueron una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para silenciar a quienes ejercen la libertad de expresión, controlar el discurso público y limitar el espacio cívico.
El cierre de medios de comunicación ha sido una política reiterada del gobierno para cercenar la libertad de expresión y 2024 no fue la excepción. Espacio Público contabilizó el cierre de 23 medios, 21 de ellos emisoras de radio, y el bloqueo de 32 sitios web y plataformas como X (Twitter) y Signal, ordenado por Maduro para evitar denuncias de irregularidades electorales.
Periodistas y portales web bajo acecho
La ONG señaló que los periodistas venezolanos son los más afectados por las violaciones al derecho a la libertad de expresión, al enfrentar frecuentes ataques y agresiones mientras realizan su trabajo.
Al igual que en períodos anteriores, los profesionales de la comunicación lideraron la lista de víctimas con al menos el 34% de los registros. Estos incidentes suelen ocurrir principalmente durante la cobertura de eventos noticiosos, como manifestaciones o en dependencias de organismos públicos.
La represión también se extendió al ámbito digital y legal, con bloqueos de sitios web, censura a medios independientes y el uso de leyes para criminalizar la disidencia.
Entre estas se encuentra la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo, la cual denuncian “ha instaurado un marco legal que restringe severamente la libertad de expresión, la cual estima penas de prisión de entre 25 a 30 años de prisión por difundir información “contraria a los intereses del Estado”.
En el mes de abril, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, instrumento que, entre otras cosas busca “legalizar” prácticas de persecución estatal.
También, el 20 de agosto se creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad mediante un decreto presidencial. Esta instancia funcionará de manera permanente como un órgano consultivo y de asesoría bajo la autoridad del jefe de Estado, “enfocado en la prevención de los usos ilegales de las tecnologías de la comunicación y la información”, en otras palabras, “prevenir delitos informáticos”.
2024 dejó en Venezuela un escenario de “control absoluto sobre el discurso público, con leyes represivas, criminalización de la protesta y un cerco digital sin precedentes”, detalla el informe. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron la detención de más de 1.600 personas tras las elecciones, incluyendo adolescentes. La Corte Penal Internacional y la OEA exigieron también rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos.
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