El gobierno de la República Dominicana anunció esta semana que comenzará a entregar un bono de emergencia a los familiares de las víctimas del colapso del techo en la discoteca Jet Set, tragedia ocurrida el pasado 8 de abril y que dejó 234 personas fallecidas.
El programa, gestionado por la iniciativa social Supérate, contempla el pago de 30.000 pesos mensuales —equivalentes a unos 500 dólares— por un período de seis meses. Según la directora del programa, Gloria Reyes, la ayuda comenzará a distribuirse en los próximos días a más de 200 familias que ya han solicitado el beneficio.
Sin embargo, entre los deudos persiste una percepción clara: ninguna cantidad de dinero reemplaza una vida ni borra las preguntas sin respuesta. Aunque se reconoce la intención de mitigar el impacto económico de la pérdida, el gesto gubernamental ha sido recibido por muchos como insuficiente frente a la magnitud del desastre y la responsabilidad institucional señalada.
Un alivio económico que no sustituye la verdad
La madrugada en que se vino abajo el techo del conocido local nocturno en Santo Domingo, durante un concierto del merenguero Rubby Pérez —quien también falleció—, dejó al país en estado de conmoción. Con 234 vidas perdidas, la mayoría jóvenes, el hecho no solo remeció a las familias directamente afectadas, sino que expuso un sistema de supervisión en ruinas.
Mientras la investigación sobre las causas sigue en curso, el propio gobierno ha admitido fallas estructurales en la regulación de infraestructuras privadas, un reconocimiento que, para muchos, llega tarde. Declaraciones de uno de los propietarios, Antonio Espaillat, confirmaron que el local tenía problemas crónicos de filtraciones y carecía de supervisión oficial.
En paralelo, más de 50 demandas civiles han sido interpuestas por los familiares ante los tribunales, buscando una compensación que trascienda lo económico y se traduzca en responsabilidad jurídica y garantías de no repetición.
Entre las ruinas, aún quedan preguntas
El bono anunciado, si bien representa un soporte temporal, no responde a los cuestionamientos de fondo que han emergido desde la tragedia. ¿Quién permitió operar a un local con fallas estructurales conocidas? ¿Qué mecanismos fallaron en la supervisión estatal? ¿Por qué no se cerró preventivamente el establecimiento?
Algunos familiares, entrevistados de forma reservada, han expresado que el pago puede terminar siendo visto como una forma de silenciar el reclamo, más que una verdadera respuesta a la pérdida.
«Lo agradecemos, claro, porque hay cuentas que pagar, hijos que alimentar, pero mi hermana no va a volver. Lo que queremos es justicia, no limosnas», afirmó un joven que perdió a dos familiares en el accidente.
Un país pendiente de respuestas
Con la atención pública puesta sobre los informes técnicos y las responsabilidades legales, la tragedia de Jet Set continúa resonando en la opinión pública nacional. Aunque los bonos puedan aliviar temporalmente las cargas materiales de quienes perdieron a sus seres queridos, la urgencia por esclarecer lo ocurrido, corregir lo que falló y sancionar a los responsables sigue siendo el verdadero pendiente.
En medio del duelo, lo que muchos esperan no es una ayuda asistencial, sino garantías reales de que una tragedia así no volverá a ocurrir. Porque, como han dicho varias voces, “el consuelo no se mide en pesos, ni en dólares; se construye con verdad, justicia y memoria”.
