Apenas el 15% de los estudiantes en universidades públicas venezolanas cuenta con acceso a servicios básicos como agua, electricidad e internet, según un reciente informe del Observatorio de Universidades (OBU), presentado por su director, Carlos Meléndez, en entrevista con Fedecámaras Radio.
La cifra contrasta con el panorama en instituciones privadas, donde más del 80% de los estudiantes sí disponen de condiciones mínimas de funcionamiento. Esta brecha profundiza la desigualdad educativa en el país y pone en evidencia una crisis estructural sin precedentes en el sistema universitario público.
Infraestructura colapsada y abandono institucional
El OBU reportó un incremento del 79% en los daños a la infraestructura universitaria, señalando que muchas instituciones han acumulado más de una década sin mantenimiento debido a una política sostenida de asfixia presupuestaria.
“Durante la temporada de lluvias, las universidades se hacen aún más vulnerables. Se reportan colapsos de techos, drenajes, cloacas y paredes sin posibilidad de reparación por falta de recursos”, denunció el observatorio.
Entre los municipios más afectados se encuentran centros urbanos clave como Mérida, Maracaibo y Caracas, donde las condiciones físicas limitan no solo el desarrollo académico, sino también la seguridad de estudiantes y docentes.
Éxodo estudiantil y deserción docente
La precariedad ha provocado una fuerte ola de deserción estudiantil y renuncias de docentes, muchos de los cuales emigran o buscan alternativas laborales fuera del ámbito académico. La imposibilidad de acceder a servicios básicos y el deterioro constante de las condiciones de trabajo comprometen la continuidad educativa y la salud física y mental del personal universitario.
Llamado urgente a una política pública integral
Carlos Meléndez instó al Estado venezolano a asumir decisiones estructurales que vayan más allá del asistencialismo. Subrayó la necesidad de un diagnóstico real y participativo de las necesidades del sector, que respete la autonomía universitaria como base de cualquier proceso de recuperación.
“La universidad venezolana está en emergencia. No bastan parches o discursos. Se requieren decisiones de Estado que reconozcan la magnitud del problema y respondan con inversiones reales y sostenibles”, afirmó.
Riesgo para el futuro del país
El Observatorio de Universidades advirtió que la degradación sostenida del sistema compromete el desarrollo académico, profesional y productivo del país. Si no se atiende con urgencia, Venezuela perderá la capacidad de formar talento humano competitivo, ético y comprometido, necesario para su reconstrucción.
El informe concluye con un llamado a la sociedad civil, gremios y comunidad internacional a mantenerse vigilantes y exigir el cumplimiento del derecho a la educación superior de calidad para todos los venezolanos.
