Durante los primeros seis meses de 2025, el Observatorio de Universidades (OBU) ha registrado un total de 39 denuncias vinculadas directamente a la lucha por los derechos económicos de la comunidad universitaria.
La preocupante «desalarización» del trabajo académico, que se traduce en remuneraciones insuficientes y pérdida del poder adquisitivo, sigue siendo la principal causa de la creciente movilización. En este período, #MonitorOBU documentó 21 protestas específicamente dirigidas a reclamar mejores condiciones laborales.
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Estas manifestaciones adoptaron diversas formas, destacando las concentraciones (43% de las protestas), seguidas por los «pancartazos» (10%), paros (9%) y marchas (9%), lo que evidencia la diversidad de estrategias empleadas por los afectados para visibilizar su situación.
Infraestructura deteriorada
La crisis que atraviesan las universidades venezolanas va más allá de lo salarial. La infraestructura física de las instituciones sigue mostrando un grave deterioro, acumulando #MonitorOBU 14 denuncias relacionadas con daños y falta de mantenimiento.
A esto se suma la constante vulneración de la autonomía universitaria, un pilar fundamental para el desarrollo académico y la libertad de pensamiento, con 8 denuncias registradas en el mismo período. Al desglosar el total de denuncias recibidas, el 42% corresponde a la infraestructura, el 19% a problemas de inseguridad, el 18% a deficiencias en las providencias estudiantiles (becas, comedores, transporte) y el 21% restante a la vulneración de la autonomía.
Estas cifras subrayan la complejidad y la multiplicidad de los desafíos que enfrentan diariamente estudiantes, docentes y personal administrativo.
Prioridades oficiales
A pesar del crítico panorama que viven las universidades, la atención del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) en sus plataformas de redes sociales parece estar desviada de las problemáticas reales.
Un análisis de las 1115 noticias publicadas por el MPPEU en redes sociales durante el primer semestre de 2025 revela una preocupante tendencia: un contundente 55% del contenido se destinó a proselitismo político y la conmemoración de efemérides.
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Esta desproporción en la comunicación oficial deja en evidencia una falta de prioridad y atención a las verdaderas problemáticas que aquejan a la comunidad universitaria, como la precariedad salarial, el deterioro de la infraestructura y la constante violación de la autonomía, profundizando así la brecha entre la gestión gubernamental y las necesidades del sector.
