La discriminación laboral por motivos políticos ha recrudecido en Venezuela, afirmó el coordinador nacional de Provea, Marino Alvarado.
Durante la presentación del informe anual que realiza esta organización para medir el avance y retroceso de los derechos humanos en el país, informó que en 2012 no registraron muchas denuncias a diferencia de lo observado en lo que va de año.
«Nosotros en el informe anual no precisamos datos significativos de discriminación política, por ejemplo el tipo de actuación contra quienes votaron en contra del presidente Chávez, pero lo que sí venimos diciendo es que la lista Tascón está vivita y coleando», manifestó el defensor de derechos humanos.
De acuerdo con la información que maneja la ONG, este tipo de discriminación reviste un carácter crónico en determinadas instituciones del Estado.
«Se está aplicando en varias instituciones, en la Universidad Bolivariana, en ministerios, en las empresas básicas de Guayana, y nos preocupa incluso que existan sindicalistas afectos al gobierno que han considerado que esto es una política correcta para sanear de «escuálidos» las empresas básicas».
Así mismo, Alvarado indicó que a Provea han llegado denuncias reiteradas sobre la aplicación del criterio político para la adjudicación de las viviendas.
«La preocupación es que en Venezuela la discriminación por razones políticas se mantenga y en particular exista complacencia de funcionarias como la defensora del pueblo, o la propia fiscal».
Ley Antiterrorismo en Lara
El estado Lara es una de las regiones del país donde más se criminalizó la protesta con la aplicación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en el marco de las manifestaciones contra el presunto fraude electoral.
Así lo maneja Provea. «Nosotros estuvimos en contacto con los abogados que asistieron a las personas detenidas en el estado Lara, a quienes a un número importante de ellos se les está aplicando el artículo de la ley antiterrorista, entre ellos dos adolescentes. Estaríamos hablando de alrededor de 16 personas», explicó Marino Alvarado.
La organización define esta situación como «una etapa superior de la criminalización de la protesta» y teme se copie el modelo represivo adoptado por los gobiernos de Chile y Colombia.
